La Corte Suprema de Justicia aclaró este martes 30 de julio que no se ha efectuado la inspección en las comisiones del Congreso relacionadas con las reformas pensional y de salud en el marco del caso Ungrd, uno de los escándalos de corrupción que más mal ha dejado la imagen del Gobierno Petro en lo que va de su administración.
Contradiciendo informes previos de los medios, el alto tribunal señaló en una consulta hecha por la agencia de noticias Colprensa que aún no se ha definido una fecha para dicha diligencia.
Declaraciones oficiales señalan que no es cierto que representantes del magistrado Francisco Farfán hayan realizado una inspección en las comisiones séptimas de Cámara y Senado. Aunque se emitió la orden para esta revisión, el tribunal aún no ha programado su ejecución.
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Colprensa también contactó a fuentes del Congreso, quienes confirmaron que no se ha llevado a cabo la visita, coincidiendo con lo expresado por la Corte Suprema.
La inspección, que podría llevarse a cabo en los próximos días, tiene como objetivo reunir información detallada sobre las reformas sociales del Gobierno y su trámite en el Congreso. Todo esto en relación con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), revelado por la contratación de 40 carrotanques para la Alta Guajira. Se busca establecer el rol de las dos comisiones en esta historia.
Otro de los propósito de la investigación es el esclarecimiento de posibles vínculos con sobornos, donde salen salpicados Andrés Calle e Iván Name (expresidentes de Cámara y Senado, respectivamente); a los parlamentarios se les acusa de haber recibido 4.000 millones de pesos para “aceitar” las reformas propuestas desde el Pacto Histórico.
Las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla
Las acusaciones se basan en denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, quienes admitieron su culpabilidad en casos de corrupción y declararon que varios congresistas recibieron sobornos para apoyar iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
López y Pinilla revelaron que se habrían distribuido alrededor de 4.000 millones de pesos entre los ex presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Concretamente, se alega que Iván Leonidas Name recibió 3.000 millones de pesos y Andrés Calle 1.000 millones de pesos.
También se menciona que al menos ocho congresistas fueron sobornados para apoyar proyectos del Gobierno en la pasada legislatura. Entre los implicados están Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís.
La Fiscalía General de la Nación está preparando una solicitud de prisión para los exdirectivos López y Pinilla, cuya audiencia se ha programado para el 7 de agosto, coincidiendo con el segundo año de mandato del presidente Gustavo Petro. La Procuraduría General de la Nación también participa en la investigación y colabora estrechamente con la Corte Suprema y la Fiscalía.
Los testimonios de los exdirectivos de la Ungrd también señalan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una figura central en el esquema de corrupción. Según se ha revelado, Bonilla habría organizado reuniones clandestinas para coordinar la distribución de contratos y fondos, y fue responsable de incrementar el presupuesto de la Ungrd en 700.000 millones de pesos durante 2023, de donde se habrían destinado recursos para contratos de los llamados “carrotanques” y otros.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco también ha sido implicado en las investigaciones como uno de los principales negociadores de sobornos para congresistas, desempeñando un rol crucial en la asignación de coimas y en la gestión de estos acuerdos ilícitos.
