Cuatro militares del Ejército ecuatoriano y diez personas más fueron detenidos con un cargamento de material minero, lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar un proceso penal en su contra por presunta minería ilegal. Las detenciones se realizaron en flagrancia, es decir, mientras cometían el delito. El juez que conoció el caso determinó prisión preventiva para los diez civiles y dictó medidas cautelares –presentaciones periódicas y prohibición de salida del país– para los uniformados.
El operativo donde fueron detenidos los ahora procesados sucedió en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, a 160 kilómetros al norte de Quito. La Policía intervino a tres camiones que movilizaban material mineralizado, según informó la Fiscalía. El operativo se ejecutó la madrugada del 26 de agosto y desde el 27 inició el proceso penal. Los militares estaban uniformados, con sus armas de dotación. Además, la Fiscalía señaló que “el material hallado a bordo de los vehículos ya se encontraba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor”.
El Ejército ecuatoriano emitió un comunicado confirmado que los detenidos pertenecen a sus filas y aseguró que “continuará proporcionando todas las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones de este caso”. Además, la institución señaló que su política es de “cero tolerancia” ante cualquier actividad “al margen de la ley” pues estas acciones “van en contra de los valores y principios institucionales y que trasgreden el honor y la disciplina”. El Ejército adelantó que habrá sanciones que serán ejecutadas “radicalmente en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias vigentes, como las judiciales correspondientes”.
En los últimos meses, también se han detenido a miembros de las Fuerzas Armadas ingresando objetos prohibidos a las prisiones que están bajo su control. Además, el reciente femicidio sucedido en el interior de un recinto militar en contra de una oficial del Ejército también ha puesto bajo la lupa a la institución militar y al accionar de quienes conforman sus filas.
El Ministerio Público informó que, para la formulación de cargos, se basó en “el reconocimiento de lugar de los hechos (en la parroquia La Merced de Buenos Aires), el reconocimiento de evidencias, el análisis macroscópico preliminar del presunto material aurífero (realizado por la Policía Nacional), el parte policial de aprehensión, las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y las versiones de los procesados”.
Los procesados podrían ser condenados con prisión de dieciséis a veinte años, según el Código Penal del país.
La minería ilegal un problema sin pronta solución
La parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, ha sido un foco de minería ilegal desde el descubrimiento de un yacimiento de oro en 2017. Esta actividad ha causado graves daños ambientales, como la contaminación de ríos y suelos, y ha generado conflictos sociales debido a la presencia de grupos armados y redes de extorsión. A pesar de un operativo masivo del gobierno en 2019, que desalojó a muchos mineros y resultó en arrestos, la minería ilegal persiste debido a la alta demanda de oro y la dificultad para mantener una vigilancia constante.
Actualmente, aunque la minería ilegal se ha dispersado y es más clandestina, sigue siendo una realidad en la zona. Los esfuerzos legales y comunitarios para combatir el problema continúan.
La minería ilegal es uno de los problemas que aqueja al país y donde las bandas narcocriminales han encontrado otro eje para generar ingresos. En diciembre de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Agencia Espacial de Colombia presentaron el estudio Diagnóstico Ambiental Andino que, entre sus conclusiones, indicó que uno de los principales problemas ambientales que afecta al Ecuador es la minería ilegal. Con este antecedente y tras la escalada de violencia en el país, en enero del 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza contra la seguridad del Estado y aprobó una estrategia para enfrentarla que incluye un mayor control para los materiales utilizados, sanciones y operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas: “La minería ilegal es parte de lo que denominamos crimen organizado, que incorpora narcotráfico, tráfico de armas, de explosivos y de personas y lavado de activos”, indicó el entonces secretario de seguridad Diego Ordóñez.
