Los mandatarios de Ecuador y Perú, Daniel Noboa y Dina Boluarte, firmaron la Declaración de Lima, este jueves 4 de julio, luego de concretar un Encuentro presidencial y el XV Gabinete Binacional.
Después de las reuniones se comprometieron a respetar 49 acuerdos divididos en seis ejes temáticos: seguridad y defensa, promoción económica, desarrollo minero sostenible, gestión ambiental, inclusión social y fortalecimiento del tránsito y transporte transfronterizo.
Desde que suscribieron los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, lo que marcó el fin de la Guerra del Cenepa, se ha utilizado estos mecanismos diplomáticos y políticos de diálogo para mantener las buenas relaciones.
¿A qué acuerdos se ha llegado?
En la Declaración de Lima, Perú y Ecuador renovaron su compromiso con el Plan de Acción Resolutivo (PAR) de la Comunidad Andina, en relación con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
En los demás puntos del documento se hace énfasis en tomar medidas contra la migración irregular y la minería ilegal. Por ejemplo, destacaron la entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino, el cual permitirá que ciudadanos de ambos países puedan acceder a una residencia temporal o permanente en la región. Además, resaltaron los avances en la implementación de la Hoja de Ruta del Consenso de Brasilia.
En cuanto a la minería ilegal, instruyeron a las autoridades de ambas naciones a efectuar acciones concretas contra esta problemática. Según el compromiso, esta actividad ilícita “constituye una grave amenaza para la seguridad integral y el medio ambiente”, ya que favorecen “la proliferación de la delincuencia organizada transnacional y su financiamiento”.
Por otro lado, se firmó el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo del Ecuador y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú”, con el fin de promover buenas prácticas laborales “en las cadenas de valor sostenibles desarrolladas en las zonas de fronteras”.
Contrabandistas ecuatorianos y la minería ilegal en Perú
La minería ilegal en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, ha aumentado considerablemente tras la pandemia de Covid-19, particularmente en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes.
Según un reportaje del periodista Ronar Espinoza Guerrero, difundido por Radio Marañón, la problemática se intensifica con el apoyo de mineros ecuatorianos, quienes mediante el contrabando de insumos facilitan las operaciones de minería ilegal y las de aquellos en proceso de formalización.
San Ignacio comparte una frontera de 106 kilómetros con Ecuador, lo cual ha fomentado actividades ilegales a través de este territorio. Según Espinoza Guerrero, las rondas campesinas de Namballe han alertado a diversas instituciones ambientales, incluyendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Administradora del Agua Chinchipe-Chamaya, sobre las consecuencias del crimen organizado en la zona.
También se reportó daños ambientales, comola contaminación de ríos, que afecta negativamente las principales actividades económicas de la región: la agricultura, la ganadería y el cultivo de café. Asimismo, lograron identificar a Francisco Romero Chanta como uno de los organizadores, y a José Germán López Sivisaca, alias ‘Pepe Mina’ o ‘Pepe López’, uno de los facilitadores en el traslado de oro hacia plantas ecuatorianas.
Durante las intervenciones realizadas desde febrero de 2023, se constató la detención de Marvin Alexander Solano Vilca mientras transportaba una retroexcavadora para la extracción de oro. Además, el 21 de febrero de 2023, se interceptó una grúa con maquinaria para minería en un paso ilegal vigilado mínimamente.
La situación ha generado enfrentamientos y descontento social, según un informe de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, donde también se destacó el uso inadecuado de procesos de formalización e irregularidades como el uso indebido de maquinaria y un presunto de control de las operaciones por parte de ecuatorianos.
