(Colprensa – Camila Díaz) (CAMILA DIAZ/)
Uno de los elementos centrales del Plan Nacional de Desarrollo —PND— elaborado para el periodo 2023-2026 es su enfoque de derechos humanos. De hecho, el artículo 89 del documento presentado ante el Congreso para su aprobación plantea el desarrollo de una política pública centrada en esta materia para la consolidación de la Paz Total.
Sobre esa propuesta se pronunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante el lunes 27 de marzo y dijo que en la Defensoría hay una alta expectativa sobre la implementación real de ese enfoque, especialmente en los territorios con alta incidencia de actores armados ilegales.
Asimismo, destacó la iniciativa de crear los Modelos de Desarrollo Supramunicipales que buscan el fortalecimiento de los vínculos urbanos y rurales, y la integración de los territorios, la cual incluye medidas de transporte, la entrega de subsidios para energía, gas y acueducto, y la gestión comunitaria de saneamiento.
Sin embargo, esa política puede tener problemas de implementación “relacionados con el nivel de ingreso actual de las regiones, las posibilidades de las regiones más rezagadas para ser más competitivas, aumentar su productividad y diversificarse en el largo plazo. Es importante no dejar ninguna región atrás e impedir que se rezaguen”.
Por otra parte, el funcionario se refirió a la sección I del capítulo VIII —Las mujeres, potencia para el cambio— y las medidas para reducir los casos de violencia de género y atender oportunamente los que puedan ocurrir. Vale mencionar que en este apartado del articulado plantea el desarrollo de una política nacional de derechos sexuales y reproductivos, la puesta en marcha de un sistema nacional de monitoreo de las violencias basadas en género y las juntas directivas de las empresas con participación estatal.
De acuerdo con el defensor Camargo, se deben implementar acciones concretas para la protección y prevención de las violencias contra las mujeres y su diversidad, así como también sugirió tener en cuenta los roles que desempeñan en la sociedad.
Otro aspecto resaltado dentro de las bases del PND está la educación entendida como un elemento “para combatir la desigualdad”. Sobre esto, exaltó la importancia “de la iniciativa enunciada en el artículo 27 del Proyecto de Ley al reconocer la educación superior como un derecho fundamental progresivo para la realización humana” y también tuvo en cuenta la propuesta de crear una política integral para otorgar alivios financieros y otros incentivos para deudores del Icetex.
Sin embargo, el desarrollo de esa medida dependerá de la capacidad presupuestal. Justamente sobre este rubro, Camargo señaló que el Gobierno nacional debe hacer claridad en la destinación de recursos, el marco fiscal de mediano plazo, la condición de las disponibilidades presupuestales y el marco de gasto de diferentes programas como el sistema de transferencias.
También indicó que se debe poner la lupa sobre la creación de otros mecanismos como el de renta ciudadana y el de ‘Hambre Cero’, el cual tiene como primer objetivo la erradicación de la pobreza extrema según el Plan Nacional de Desarrollo.
“Teniendo en cuenta la extensión de las acciones planteadas en el PND, sobre todo por el contenido de las ‘Bases’, es importante contemplar riesgos asociados a la sostenibilidad financiera de este plan”, sostuvo Carlos Camargo.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno está dividido en cinco grandes bloques o ‘transformaciones’: transformación energética y acción climática —cuyo presupuesto sería de 114,4 billones de pesos—; convergencia regional —138,4 billones—; seguridad humana y justicia social —con un presupuesto de ejecución de 743,7 billones de pesos—; estabilidad fiscal —84 billones—; seguridad alimentaria —46,1 billones— y ordenamiento territorial alrededor del agua —28,8 billones—. En ese orden, la ejecución de todo el PND tendría un costo para el país de 1.154 billones de pesos.
