San José, 3 jul (EFE).- Defensores de los derechos de la población LGTBI se manifestaron este miércoles en las afueras de la Casa Presidencial de Costa Rica para protestar contra la cancelación de la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo del pasado domingo.
Con sombrillas, pancartas y pañuelos alusivos al movimiento por los derechos LGTBI, un grupo de manifestantes realizó un plantón frente a la casa presidencial y gritaron críticas en contra del presidente del país, Rodrigo Chaves.
“No podemos permitir el retroceso en temas de derechos y espacios que se nos están queriendo quitar. Desde la campaña política sabíamos que esto iba a ser así”, dijo a EFE Dayana Álvarez, una líder del movimiento.
El pasado sábado, el presidente Chaves canceló la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo que se llevó a cabo el pasado domingo, y de paso despidió a Nayuribe Guadamuz como ministra de Cultura, y a Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social, por haber dado trámite a la declaratoria.
“El presidente no tuvo conocimiento de esa declaratoria, por lo tanto, la decisión de destituirlos responde a la responsabilidad política y disciplina a que están sujetos los jerarcas de esta administración”, informó la Casa Presidencial el pasado sábado.
Según el Gobierno, la declaratoria de interés cultural de la marcha se tramitó sin la autorización del presidente o su despacho, y anunció que tras lo sucedido se revisarán los procesos administrativos para “evitar futuros errores como el ocurrido en este caso”.
Este miércoles, el presidente Chaves dijo en su conferencia de prensa semanal que la ministra “metió la pata”, que “actuó por la libre” y que no hubo una discusión acerca del interés cultural de la marcha, por lo que decidió despedir a la ministra y anular la declaratoria que se le había concedido al evento.
“Les mando un abrazo, me dicen que son 30 los que vinieron a protestar. Les quiero garantizar a todos los costarricenses que mi posición al respecto es que todos los ciudadanos de esta patria tenemos derechos y se nos deben respetar. Nuestra legislación dice que el matrimonio igualitario es un derecho. No soy nadie para juzgar”, apuntó Chaves, quien negó que exista persecución de su parte a la población LGTBI.
El Gobierno afirmó el sábado que la marcha no tenía los permisos gubernamentales, sin embargo el domingo miles de personas llenaron las calles de San José, un número que según los organizadores superó el millón de participantes.
El año pasado la Marcha del Orgullo contó con una declaratoria de interés público, turístico y cultural.
“Este año cambian el discurso y cuestionan qué tiene la marcha de cultural. Pues lo mismo que la del año pasado y las de los últimos 15 años”, expresó la activista Álvarez.
