Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a las compañías de casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, junto a cinco de sus altos directivos, por presunta colusión para obtener licitaciones de permisos de operación a nivel nacional, acusación que este viernes ha generado diversas reacciones desde el mundo político y el Gobierno.
A través de un requerimiento ingresado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) durante la tarde de ayer, la FNE puntualizó que para las licitaciones realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021, las empresas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que ya tenían en ese momento.
El proceso se realizaría de manera concertada y sin enfrentar competencia, consiguiendo además el pago de una oferta económica más baja que una resultante en contexto de libre competencia, puntualizaba el requerimiento.
“La evidencia muestra que, en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre estos directivos, las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos”, expuso la Fiscalía.
En particular, la FNE individualizó a tres ejecutivos de Dreams, que también opera el casino Monticello: el gerente general Jaime Wilhelm, el presidente del directorio, Claudio Fischer, y al gerente de administración y finanzas, Claudio Tessada; además de los directorios de Enjoy, Henry Comber, y de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky.
“Partamos por señalar qué es lo que está planteando la Fiscalía con muy buenos antecedentes. La FNE está planteando que hubo una coordinación de tres empresas para coordinarse para ver quién iba a ir en las distintas licitaciones”, declaró el ministro chileno de Economía, Nicolás Grau.
Además añadió que “la consecuencia es que se recauda menos para el Estado y las instituciones regionales que reciben recursos de estos casinos”.
“Uno lo que espera en una licitación es que al ser competitiva ellos tengan que entregar como rentas al Estado el máximo que era compatible con el desarrollo de su negocio, y lo que ocurre es que están entregando menos porque se coordinaron para evitar este mecanismo de competencia. Esto es sumamente grave.”, manifestó el ministro.
Y resaltó “la colusión incluso puede implicar consecuencias penales, una vez que termine el proceso que está ahora (…) La Fiscalía tiene antecedentes muy contundentes”.
La FNE solicitó al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 151,9 millones de dólares, “las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión” en la historia del país suramericano. EFE
