Desde el 1 de junio, las calles del Cercado de Lima aparecieron con una gran acumulación de basura y así continuó por varios días en diversas zonas. Esto debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decidió culminar el contrato con la empresa Innova Ambiental a raíz de “sobrecostos”, aseguró la gestión de Rafael López Aliaga.
Más de 800 trabajadoras de limpieza pública han sido afectadas tras la decisión de la compañía encargada de estos servicios de no renovar sus contratos. Las obreras se han reunido para protestar y exigir su incorporación a la planilla municipal, de acuerdo con la Ley 31254, ya que consideran que deben estar bajo la administración local.
En esta movilización realizada en el centro de Lima fueron reprimidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), de acuerdo con los videos difundidos. Asimismo, denunciaron que se colocó parlantes con música para que no se escuche su voz de protesta.
Infobae Perú conversó con algunas trabajadoras de limpieza, quienes decidieron contar sus historias y las dificultades que afrontan solo por pedir que se respeten sus derechos.
Años de servicio
Raquel Poma Sare (40) laboraba en esta empresa desde hace 7 años, pero asegura que este tiempo de servicio no fue considerado ante su “despido colectivo”. Esto debido a que solo le quisieron brindar un vale de consumo para supermercados valorizados en S/300.
En este documento, al que accedió Infobae Perú, se señala que al concluirse el contrato con la MML, también se extendería con la prestación de servicios de la trabajadora. Además, hacen mención de que no existe otra vacante dentro de la empresa para que continúe laborando.
“Fue de la noche a la mañana que nos avisaron de nuestros despidos a más de 800 personas, entre personal de lavado, barrido y recolección. Nos mandan a nuestros correos las ceses voluntarias como amenazándonos. Mi persona tiene más de 7 años de servicio y solo me querían dar un vale de tarjeta de alimentos de 300 soles”, señaló Poma.
Poma también se sumó a las manifestaciones en el centro de Lima, pero el 3 de junio sucedió el enfrentamiento con los efectivos policiales, resultando con lesiones. De acuerdo con el reporte médico, presenta una “fractura de la diáfisis del radio”. A pesar de alzar su voz, el alcalde de Lima no ha optado por reunirse con las obreras de limpieza.
“El documento dice que la incorporación de nosotros tiene que ser sí o sí, porque la ley está vigente, pero el alcalde no quiere estabilidad laboral, dice que no hay plata, pero sí hay para gastar 13 millones para que ponga un carruaje de caballo”, agregó.
Yuly Rodríguez (52) también tenía siete años laborando en la compañía que brindaba servicio a la municipalidad. Sin embargo, ahora pasa por esta incertidumbre hasta que encuentre un nuevo trabajo. “Lo único que nosotras pedimos es que el alcalde cumpla la ley. No estamos pidiendo que nos regale nada”, añade.
Convocatoria CAS
Este medio pudo conversar con una trabajadora que prefirió no difundir sus datos por temor. La obrera de limpieza pública revela que postuló para que continúe sus labores para la municipalidad con un contrato CAS, pero que hasta la fecha no firmaba.
Confiesa que al inicio aceptó el trabajo y se le entregó el uniforme, pero no incluyó otros elementos de protección indispensables para su seguridad, lo que generó una situación insostenible. Esta carencia de equipos adecuados llevó a la empleada a rechazar la continuidad en esta modalidad laboral.
“Si me pasa algo en la noche, como no he firmado nada, ellos pueden decir que no trabajé, porque no tengo contrato con ellos”, enfatiza.
Durante la entrevista recibió un mensaje por WhatsApp donde le informan que el día de mañana podrán firmar su contrato. No obstante, señala que no acudirá y buscará otro empleo que le brinde la seguridad correspondiente.
Ante ello, Liliana Huilca señala que la gestión de Rafael López Aliaga solo informa de contrataciones CAS —donde decidieron postular algunas obreras de limpieza pública—, pero no se cuestiona qué beneficios tienen.
“No hay ningún beneficio. Al contrario, nos trae gravedad, ya que tenemos un trabajo bien riesgoso […] si hay compañeras que han ingresado a esta modalidad es porque necesitan”, agregó.
Doble lucha
Delia Quispe ingresaba todas las noches a trabajar, con un solo día de descanso, a pesar de los riesgos que enfrentaba. En su turno nocturno, debía estar alerta ante personas en estado de ebriedad al volante y posibles delincuentes. Además, los operativos de madrugada podrían incluso llevarla a lidiar con situaciones de fuego cruzado.
Quispe fue diagnosticada con cáncer de mama en fase 3, pero no fue obstáculo para que continúe trabajando. Sin embargo, tras ser despedida por Innova Ambiental, se suma una nueva preocupación en su estado de salud para volver a laborar.
“No puedo encontrar un trabajo con facilidad, lo único que pedimos es que nos incorpore a la planilla municipal. Ahorita nos ofrece CAS sin protección y sin descanso”, acotó.
Los gastos de sus tratamientos pueden llegar a costar alrededor de S/7.000. En algunas ocasiones, sus compañeras le han apoyado para que pueda solventar los gastos de la medicina. La señora Delia no se puede rendir porque tiene que velar por su hija de 8 años y su otro hijo que sufre de la pérdida de audición y epilepsia.
Ante el diagnóstico de su hijo debe adquirir un medicamento que le puede llegar a costar S/400, pero este mes, hasta que consiga un empleo, se va a complicar su situación económica. El gran temor de esta madre es no encontrar un trabajo a su edad y que no su salud no esté en riesgo al ser una paciente con cáncer.
Infobae Perú se comunicó con representantes de la municipalidad, pero afirmaron que no brindarán entrevista, debido a que se realizó una conferencia de prensa sobre el tema el último lunes 3 de junio.
En esta conferencia manifestaron que a partir de ese día incorporarán a 300 personas para las labores de barrido y recojo, pero bajo la modalidad CAS. En tal sentido, más de 500 trabajadores continuarán sin trabajo en medio de la crisis económica.
