Dina Boluarte ya no quiere ser investigada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. A través de la solicitud de una audiencia de control de plazo, la jefa de Estado pidió al Poder Judicial que ordene el cierre de la investigación en su contra por la desactivación del equipo especial de la Policía que apoyaba al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop).
A fin de evaluar el destino de la carpeta fiscal abierta el pasado 10 de mayo, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó una audiencia virtual para el próximo miércoles 23 de octubre, a las 10:00 horas. Si el magistrado le da la razón a la mandataria, la fiscalía estará obligada a declarar su cierre. En esa situación, el Ministerio Público deberá optar por archivar o formalizar una investigación preparatoria (proceso judicial). Sin embargo, de rechazar la solicitud de la jefa de Estado, la Fiscalía podrá seguir investigando a Dina Boluarte por un plazo de hasta ocho meses.
Como se recuerda, bajo el argumento de una presunta duplicidad de funciones entre las tareas del grupo policial y las de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), se dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 0903-2022-IN, rectificada por Resolución Ministerial N° 0904-2022-IN, y modificada mediante Resoluciones Ministeriales N° 0130-2023-IN, N° 1242-2023-IN, N° 0115-2024-IN y N° 0497-2024-IN.
“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, dispone las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, agregó la resolución ministerial firmada por el entonces titular del Interior, Walter Ortiz.
El equipo policial disuelto fue instaurado por el exfuncionario Mariano González, en respuesta a una solicitud de la fiscal Marita Barreto, con el fin de aglutinar un grupo de oficiales altamente calificados en técnicas especiales de investigación e inteligencia, especialmente para colaborar en casos significativos como el conocido Caso Rolex, donde la presidenta Boluarte figura entre los investigados.
Cabe mencionar que en el marco del caso en mención, la defensa de la presidenta, a cargo del penalista Juan Carlos Portugal, también pidió un control de plazo para cerrar la investigación que le sigue la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el mismo juez, Juan Carlos Checkley.
“Se resuelve declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado”, se lee en la resolución judicial.
Durante la audiencia, la defensa de Dina Boluarte expuso que “el estado de la investigación ha vencido, tiene 177 días de exceso, según el artículo 1 de la Ley 27399 que establece el plazo de 60 días al amparo de diligencias preliminares”. No obstante, Luis Germaná Matta, fiscal adjunto supremo provisional -Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, replicó que su caso era complejo, por lo que le habían asignado una duración de ocho meses.
Al evaluar ambas posturas, Checkley concluyó que, por tratarse de un alto funcionario del Estado, “donde, por un lado, se establece un plazo de investigación preliminar de 60 días y, por otro, las reglas del CPP (Código Procesal Penal) posibilitan que ese caso sea declarado complejo con los plazos señalados en las reglas del CPP, la decisión de la fiscalía de establecer el plazo de ocho meses resulta aplicable y no infringe principio alguno como debido proceso o plazo razonable”.
Dina Boluarte recurre al TC
Cabe señalar que pese a que la mandataria aseguró que colaborará con las investigaciones, en la práctica hace otra cosa. A fines de julio, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para detener las tres investigaciones contra la presidenta.
Boluarte Zegarra viene siendo investigada por el caso Rolex, las muertes en las protestas y la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop. De hecho, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ya presentó dos acusaciones constitucionales, por los primeros casos.
Si el TC declara fundada la demanda presentada por el gobierno de Dina Boluarte, entonces todos los elementos incautados durante las diligencias a la casa de la mandataria quedarían inválidos. Además, que las investigaciones se archivarían.
