Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, vuelve a enfrentar cuestionamientos debido a su cercanía con personas involucradas en actividades ilícitas.
Esta vez se trata de un caso vinculado a la defensa de una persona condenada por tráfico de drogas en la década del 90, perteneciente a la comunidad nativa Boca Manu, en Madre de Dios, que, aparentemente, sin conocimiento de su implicancia en el delito, fue sometido a juicio, según indicó el legislador a Canal N.
“Yo soy abogado de profesión y creo que en el ejercicio libre de mi profesión he ejercido esa labor en su momento. Como le refiero, es del año 95. Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada; casi toda la comunidad se vio envuelta en una situación de esta naturaleza. Aprovechando que, obviamente, la condición de lejanía y desconocimiento llevó a que esos ciudadanos, cerca de 30 o 40, fueran procesados por el delito que usted menciona. Sí, efectivamente, yo fui abogado de uno o dos de ellos. Sí, es correcta la información, pero como les repito, esto ocurrió en el libre ejercicio de mi labor como letrado”, dijo el representante de Madre de Dios por Alianza para el Progreso (APP).
Salhuana solicitó modificación de la condena
Según la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 19 de agosto de 2009, se declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por Salhuana a favor de Tito Lorenzo Palacios Ramos.
El congresista había solicitado modificar el tipo penal en la condena de Palacios, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por tráfico ilícito de drogas agravado.
La principal acusación es que Palacios fue condenado con una agravante que no estaba en vigor al momento del delito, lo que pudo haber resultado en una sentencia más severa de lo que correspondía según la ley de entonces, vulnerando el derecho a un debido proceso.
Además, Salhuana argumentó que la Corte Suprema debía haber revisado esta supuesta irregularidad. Sin embargo, aunque el legislador solicitó repetidamente la corrección, el pedido no fue resuelto.
Otros cuestionamientos
En paralelo, el nuevo presidente del Congreso enfrenta serias acusaciones de corrupción y problemas legales. Actualmente, la Fiscalía está investigando tres casos en su contra, vinculados a su gestión como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios entre 2015 y 2016.
La acusación más grave es el presunto desvío de fondos públicos, que incluye una pérdida de más de 500 mil 000 soles en la Feria Expo Amazónica 2015, organizada por la empresa Staff de Negocios SAC.
Salhuana fue responsable de aprobar la contratación de esta empresa, que presentó un balance final inconsistente. Además, se le acusa de desviar más de un millón de soles destinados a obras públicas para pagar personal administrativo que no trabajaba en las obras como se reportaba.
También hay inquietudes sobre sus vínculos con la minería ilegal y omisiones en su declaración jurada, como la falta de mención de tres hijos adicionales. Estas acusaciones se suman a otras denuncias de irregularidades en su declaración de ingresos y demandas de pensión alimentaria no atendidas.
