La Audiencia Nacional mantiene en prisión a un empresario estadounidense de 72 años detenido en Ibiza a principios de julio, buscado por las autoridades de su país por un presunto fraude fiscal de casi 130 millones de dólares.
Tanto E.D. como su mujer D.L.D., francesa de 58 años, están acusados de 30 cargos de evasión fiscal y otros delitos en relación a ingresos por 350 millones de dólares procedentes de contratos públicos.
Ambos fueron arrestados en un operativo conjunto entre la Guardia Civil y la DEA (Administración de Control de Drogas estadounidense) el 3 de julio en Ibiza, donde el matrimonio cuenta con una residencia vacacional. El Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó para el hombre prisión provisional sin fianza y ha rechazado levantar la medida, según se desprende de un auto consultado por Europa Press.
La acusación formulada en el Tribunal de Distrito de Columbia dibuja una trama que había durado años y en la que el matrimonio habría contado con otros colaboradores, según informó el Departamento de Justicia estadounidense tras su detención.
Presuntamente habrían ocultado los beneficios de Mina Corp & Red Star Enterprises, sociedad de la que el varón fue propietario al 50 por ciento entre 2003 y 2020 y que recibió más de 7.000 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU. Se trataba de contratos de suministro de combustible a los aviones de las tropas estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio, dentro de actividades militares tras el 11-S.
La acusación mantiene que el empresario habría ocultado ingresos en cuentas bancarias extranjeras mantenidas en secreto, utilizando documentación ficticia y atribuyendo parte de la propiedad empresarial a su esposa, que como ciudadana francesa no residente no tenía obligaciones fiscales con EEUU. Después habrían fingido, mediante documentos falsos, que ella le regalaba el dinero para gastos personales.
El Departamento de Justicia norteamericano indicó que hasta 2015 el hombre “no pagó ningún impuesto sobre las decenas de millones de dólares que supuestamente ganaba cada año con Mina & Red Star”.
La acusación le atribuye también haber presentado declaraciones falsas para los ejercicios fiscales de 2007 a 2014, alegando que sus intereses comerciales, ingresos y activos pertenecían a su esposa; en los años posteriores, hasta 2020, habría presentado declaraciones falsas informando que sus únicos ingresos eran como consultor y que no tenía intereses en ningún negocio extranjero.
Presuntamente los fondos fueron transferidos a entidades financieras opacas en países como Suiza, Bahamas, Singapur y los Emiratos Árabes. Al parecer contaría con cuentas a nombre de entidades no estadounidenses creadas en paraísos fiscales, pero la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia apunta que controló en todo momento el dinero en las cuentas y que de hecho lo utilizó para financiar negocios en todo el mundo –incluido un proyecto de infraestructura de combustible mexicano y una franquicia de televisión musical en Europa del Este–.
Además, con las cantidades defraudadas supuestamente habría comprado un chalet en una zona de esquí en Austria, una casa en España, un adosado en Londres y varios yates, adquiridos mediante testaferros.
LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA DEJARLO EN LIBERTAD
Tras su detención, el Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó prisión comunicada y sin fianza para el detenido a los efectos de ejectuar la extradición solicitada por EE.UU. Su abogado en España impugnó esa decisión pidiendo su puesta en libertad. Alternativamente planteaba que se le impusiera una fianza y presentaciones periódicas.
El abogado argumentaba que aunque reside fuera de España, el detenido pasa largas temporadas en su casa de Ibiza, incluso varios meses al año, y en base a sus circunstancias familiares negaba el riesgo de fuga. La Fiscalía se opuso a estos argumentos subrayando que el empresario dispone de varias residencias en Londres, Portugal y Suiza y que en España se encontraba únicamente de vacaciones.
La Sala de lo Penal de la AN ha desestimado el recurso rechazando su excarcelamiento. Los magistrados apelan a la gravedad de los delitos, al hecho de que el proceso penal en EE.UU. esté muy avanzado y a que fuera necesario emitir una orden internacional de búsqueda. Además, subrayan que el empresario acapara un importante patrimonio y carece de arraigo en España, donde sólo tiene una residencia “ocasional, puramente vacacional”.
