“El río Rímac ya no es hablador, está muerto. A Lima llega agua contaminada”, expresó Genaro Aguilar, representante de la plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta en una presentación de un nuevo estudio sobre los impactos ambientales de la actividad minera en la cuenca alta del afluente a cargo de diversas organizaciones ambientales, como Red Muqui y la Plataforma por la Defensa y Promoción del Ambiente de la Cuenca Alta del Rímac.
El afluente es la principal fuente de agua para la ciudad de Lima, y está contaminado con metales pesados y otros químicos provenientes de actividades extractivas. Según el estudio, los niveles de metales como plomo, cobre y arsénico en el agua del río superan los Estándares de Calidad Ambiental, lo que indica una grave contaminación.
Según Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del área socioambiental de la Red Muqui, “se tomaron 26 muestras de agua a lo largo de Pacococha-Millotingo, Tamboraque y Chinchan (en Huarochirí)”, detectándose también aluminio, cadmio y cromo en niveles que superan los límites permisibles. Esta situación, añade, se debe a los 386 pasivos ambientales y 18 relaves mineros en la cuenca, de los cuales un 98% carecen de identificación y medidas de mitigación, representando un riesgo significativo para las cabezas de cuenca, la salud humana y el ecosistema.
La investigación detalla que no solo el agua del río Rímac está afectada, sino también los sedimentos, en los cuales se encontraron concentraciones elevadas de los metales pesados. En las cuencas altas del canal residen comunidades campesinas que también utilizan esta agua para el riego agrícola y el abastecimiento de ganado, lo que agrava los conflictos socioambientales. Estos conflictos han persistido durante más de cuatro décadas debido a los efectos de la minería en la región.
Para estos análisis se emplearon normativas canadienses, ya que el Perú no dispone de regulaciones específicas en este ámbito. Para la realización del estudio, también se contó con la participación del Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, Cáritas de Chosica y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
La contaminación del río plantea problemas graves para la salud pública y el medio ambiente, lo que exige acciones inmediatas por parte de diversas entidades gubernamentales, incluidos los ministerios de Salud, Ambiente, y Energía y Minas. Así como en coordinación con Sedapal, la empresa encargada de la distribución de agua potable en Lima y Callao, que capta agua del río Rímac, entre otras fuentes.
Crisis ambiental en el río que abastece Lima
Este problema, derivado de numerosas actividades extractivas en la región, amenaza las condiciones de salud y vida de las poblaciones ubicadas a lo largo del río, así como a los habitantes de Lima. A pesar de su gravedad, ni las empresas mineras ni el Estado han asumido la responsabilidad de remediar los pasivos ambientales mineros (PAM), lo que incrementa el riesgo de contaminación del agua potable en Lima, especialmente en un contexto de crisis climática.
Genaro Aguilar, de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta, solicitó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte declarar la emergencia en el río Rímac para una intervención inmediata. Advirtió sobre protestas futuras si no se toma acción. Aguilar expresó su preocupación por la calidad del agua que la población está consumiendo y por la inacción ante la contingencia minera e industrial.
“La salud de millones de limeños está en juego”, enfatizó Aguilar, destacando la urgencia de que los ministerios de Salud, Ambiente, y Energía y Minas intervengan para resolver este problema ambiental de larga data. “El gobierno se tiene que hacer cargo de este grave problema(…) Están elevados todos los metales pesados y eso llega a la Atarjea”, añadió.
