El Consejo de Estado, en un fallo importante para la supervisión electoral en Colombia, ratificó la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Francisco Petro Urrego y la Coalición Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de 2022.
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La decisión, emitida el 23 de agosto de 2024 en Bogotá, centra la atención en el papel regulador del CNE y del Congreso de la República en casos de escrutinio electoral.
Según el fallo, el CNE tiene plena competencia para llevar a cabo investigaciones administrativas sobre los informes financieros y de gastos de las campañas electorales, y puede imponer las sanciones administrativas pertinentes si se encuentran irregularidades. Este fallo muestra el rol del CNE como un organismo autónomo responsable de la supervisión y regulación de los procesos electorales en el país.
Por otra parte, la decisión también determina que el Congreso de la República es competente para decidir, en caso de irregularidades graves comprobadas, sobre la posible pérdida del cargo del presidente de la República. Este procedimiento, conforme a la Ley Estatutaria 996 de 2005, se realizará de manera autónoma y marca una ruta clara para la responsabilidad política en Colombia.
Como parte de la resolución, el expediente será remitido al CNE para que continúe con su labor investigativa. Además, se comunicará tanto al CNE como a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre este fallo, lo que refuerza el marco institucional de la supervisión electoral.
Este desarrollo judicial se produce en medio de un ambiente tenso para la administración de Gustavo Petro, que ha estado bajo constante escrutinio y ha afrontado diversas controversias desde su elección. Las alegaciones sobre irregularidades en la financiación de su campaña han mantenido el tema en la esfera del debate público y político.
Al reafirmar la autoridad del CNE, el fallo establece un precedente crucial para la fiscalización de las campañas electorales en Colombia. Además, la posibilidad de que el Congreso adopte decisiones sobre la continuidad en el cargo del presidente añade una dimensión adicional de vigilancia y acento en la responsabilidad política.
Una ratificación previa
El Consejo de Estado ratificó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía la facultad de llevar a cabo investigaciones administrativas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez. Según un fallo emitido el 20 de junio de 2024 y conocido el 24 de junio, el CNE puede continuar con las investigaciones radicadas ante dicho organismo, en relación a la campaña electoral del presidente.
Esta decisión también aclara el procedimiento a seguir de acuerdo con la ley: cualquier medida que pudiese derivar en la pérdida del cargo tanto del presidente como de la vicepresidenta corresponde a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto representa un golpe significativo para la defensa de Petro, que buscaba desestimar la competencia del CNE para investigar la campaña.
El abogado Mauricio Pava ya había manifestado su desacuerdo con esta situación el 8 de mayo de 2024 en una entrevista con La FM, señalando que desde que Gustavo Petro ganó las elecciones, todas las denuncias en su contra debían ser tratadas por la Cámara de Representantes, en virtud del fuero constitucional. Según Pava, la gestión de estas denuncias por parte del CNE es un error jurídico monumental.
Por otro lado, el magistrado Omar Barreto, en un argumento presentado el 20 de mayo, afirmó que el Consejo de Estado, siendo un tribunal de cierre, no dispone de la facultad para realizar este tipo de procesos.
La investigación sobre la campaña de Gustavo Petro fue abierta y discutida dentro del CNE con la disposición de radicar una ponencia para imputar al presidente. Esta determinación devuelve el protagonismo al órgano electoral y refuerza su capacidad para actuar en estos casos. El Consejo de Estado despejó cualquier duda jurídica en este sentido y permitió que el CNE continuara con su labor investigativa.
La medida no solo reafirma la competencia del CNE, sino que clarifica el rol de la Comisión de Investigación y Acusaciones en el proceso. Este organismo tiene la última palabra en decisiones que puedan afectar la continuidad en el cargo de los altos mandatarios del país.
