La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles –sin ningún voto en contra y la abstención de PP y Vox– el dictamen a la Ley del Derecho de Defensa, que pretende ampliar las garantías de ciudadanos y abogados ante los tribunales, como el derecho a un lenguaje claro, y busca extender las causas de fuerza mayor para pedir la suspensión de procedimientos judiciales.
El texto aprobado ha incorporado en esta sesión una enmienda transaccional pactada por PSOE, Junts, ERC y BNG que reconoce el derecho a poder “utilizar ante los órganos con jurisdicción en todo el Estado”, que son el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, “cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas”.
Añade, además, que el Ministerio de Justicia tendrá que habilitar los medios técnicos necesarios para hacer efectivo ese derecho y en otra enmienda incorporada, de Junts y BNG, se especifica que el juzgado o tribunal tiene que poner “a disposición de los intervinientes los mecanismos pertinentes de interpretación y traducción”.
Este proyecto de ley fue aprobado inicialmente en abril de 2023 a propuesta de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó al disolverse las Cortes por el adelanto electoral y fue recuperado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año.
El actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, indicó que se trata de una norma “pionera” en Europa con la que se avanza hacia una Justicia “cercana y ágil”, ya que su objetivo es dar seguridad tanto a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de defensa como a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de su labor, estableciendo un régimen de garantías y deberes.
La proposición de ley establece, entre otras garantías, que no solo las personas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino también las personas en situaciones de especial vulnerabilidad cuando así se considere a través de un reconocimiento legal.
Además, extiende el derecho de defensa a los medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, y reconoce el derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales.
SUSPENSIÓN DE UN PROCESO POR MOTIVOS PERSONALES GRAVES
En el marco de las actuaciones procesales, recoge el derecho de los profesionales de la abogacía a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge o de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad y de pariente o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
También los abogados podrán solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización. La suspensión y el nuevo señalamiento de los actos procesales se regirán por la ley procesal que regule el procedimiento.
En el debate de la Comisión, el PSOE ha subrayado que es una ley “transformista” y que seguramente puede ir a más, pero se ha priorizado el consenso, buscando –ha dicho su diputado Joaquín Martínez– “la ampliación de derechos y libertades y la mejora continua de las instituciones”.
APOYO DE PSOE, SUMAR Y SOCIOS DEL GOBIERNO
Desde Sumar, Enrique Santiago ha señalado que es importante que exista una norma que recoja la protección del libre acceso a la Justicia o el derecho a no sufrir dilaciones indebidas, así como que se recojan las garantías y deberes de asistencia jurídica en el derecho a la defensa prestada por los profesionales de la abogacía.
Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha mostrado su respaldo a la ley pero “sin grandes entusiasmos”, afeando que el ministro de Justicia la presentara de forma “rimbombante” y hablara de una profundización de derechos que, a su juicio, no es tanta, aunque ha aplaudido que se acepten enmiendas para el reconocimiento de los derechos lingüísticos, para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales a nivel judicial.
En la misma línea, Pilar Vallugera, de ERC, ha celebrado que se ponga “la primera de las piedras para la garantía de que alguien pueda hablar su lengua en los juzgados de su tierra”, si bien ha sostenido que la ley tenía que ser “mucho más ambiciosa” y haber abordado una reflexión sobre las tasas judiciales, “sobre lo que por lo vivido es un obstáculo para la consecución de la Justicia”.
Mikel Legarda, del PNV, ha trasladado su “satisfacción” por llegar a buen término la tramitación de este proyecto de ley y por el “amplio consenso” existente.
Para Podemos, esta ley supone un “avance” en el reconocimiento del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva, aunque su diputada Martina Velarde ha dicho que echa en falta una “mayor ambición” en determinados aspectos.
PP Y VOX LA VEN INSUFICIENTE
Se ha abstenido el PP, para quien esta ley “adolece de soluciones a problemas reales” y su diputada María Eugenia Carballedo ha cuestionado quién va a pagar el “festín de intérpretes, de traductores, por el capricho de hablar euskera en Tenerife, en Matalascañas o en Murcia”.
También ha optado por la abstención Vox, cuyo diputado Pedro Fernández ha considerado que es una ley innecesaria porque es un “popurrí de regulación ya vigente”, a la vez que ha criticado que prima el lenguaje inclusivo y la carga ideológica, en alusión aquí a “las imposiciones de los grupos separatistas para que se pueda usar las lenguas que llaman cooficiales”.
