El pasado mes de marzo Francia se convirtió en el primer país del mundo que blindó el derecho al aborto en su Constitución. No es que la interrupción voluntaria del embarazo fuera una práctica amenazada en el país, donde es legal desde 1975, pero sí lo está en muchos otros lugares del mundo y, desde que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó este derecho permitiendo a cada estado introducir restricciones o prohibiciones, el parlamento francés optó por protegerlo en su Carta Magna. La iniciativa fue apoyada tanto por los partidos políticos de izquierda como por la derecha y la extrema derecha en su mayoría, una postura que, a diferencia de lo que ocurre en España, se debe a que la laicidad está arraigada en el país galo desde hace mucho tiempo.
En España, de hecho, una de las principales propuestas de Vox es derogar la ley del aborto y, especialmente en las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el Partido Popular, la formación que lidera Santiago Abascal no pierde oportunidad de arremeter contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El último en hacerlo ha sido el diputado de las Cortes Valencianas Carlos Flores, condenado por violencia machista en 2002, que a finales de mayo aseguró que “el aborto es un medio para garantizar la salud reproductiva del mismo modo que la guillotina lo es para acabar con la tos”. Unas declaraciones que realizó durante la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados donde se debatía una proposición no de ley del PSOE sobre la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva en la UE.
Igualmente polémicas fueron las declaraciones que días atrás realizó el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, al afirmar que “se está invitando a las mujeres a desarrollar su carrera profesional sin pensar en la natalidad” y que las personas que acosan a las mujeres frente a las clínicas de aborto “hacen labores de rescate”, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley aprobada en 2022 que penaliza con hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a esos centros para interrumpir voluntariamente su embarazo. El año pasado, García-Gallardo llegó incluso a proponer un protocolo antiaborto en la región que obligara a los médicos a ofrecer a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido fetal, un plan que, tras numerosas críticas, no se llevó finalmente a cabo.
No obstante, si los Ejecutivos autonómicos donde gobiernan PP y Vox (Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón) elaborasen una norma que fuera en contra de la ley estatal del aborto, que desde 2010 permite la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, el Gobierno las recurriría al Tribunal Constitucional, lo cual podría pasarles factura. Más aún teniendo en cuenta que en 2014 el popular Alberto Ruiz-Gallardón, quien propuso eliminar el sistema de plazos y endurecer la ley del aborto, tuvo que dimitir como ministro de Justicia después de que el Gobierno retirara la reforma por “falta de consenso”. No obstante, los Ejecutivos autonómicos pueden dificultar la implementación de la ley estatal.
Extrema derecha en Europa
En Europa actualmente son dos los países gobernados por la extrema derecha, Italia y Hungría, donde ha habido un retroceso en derechos sociales y las mujeres son las principales afectadas. El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha aprobado que los activistas antiaborto puedan entrar en las clínicas donde se interrumpen embarazos y ha prohibido a las parejas homosexuales que inscriban a sus hijos en el registro civil, mientras que el Gobierno húngaro de Viktor Orbán obliga a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido del corazón del feto.
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(Krzysztof Kaniewski/)
Por otro lado, Croacia, Eslovaquia y Finlandia cuentan con partidos ultras en sus coaliciones de Gobierno. En Suecia, el Ejecutivo está formado por una coalición de partidos conservadores gracias al apoyo externo de la ultraderecha, y en Países Bajos la extrema derecha también ha pactado recientemente un acuerdo con tres partidos de centroderecha para formar Gobierno. Y aunque Polonia comenzó una nueva etapa a finales de 2023 con la victoria del liberal Donald Tusk, será difícil deshacer el retroceso democrático, y en especial el retroceso en derechos sexuales y reproductivos, que se ha dado durante los ocho años anteriores de Gobierno ultraconservador, pues prácticamente prohibió el aborto en el país.
Además, la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia en Malta y Andorra.
‘Mi Voz, Mi Decisión’
Debido a este contexto y ante el posible avance de la ultraderecha tras las elecciones europeas de este 9 de junio, pues los sondeos vaticinan que los grupos conservadores y contrarios al aborto ganarán terreno, mujeres de diferentes países del bloque se han unido en el movimiento My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión, en España) con el objetivo de “proteger la igualdad y reclamar justicia y respeto por los derechos fundamentales, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos”. Además de las legislaciones restrictivas de Polonia o Hungría, recuerdan que en otros países como Austria y Alemania el aborto es legal pero no libre, y en Italia o Croacia no es accesible para todas, por lo que calculan que en toda la Unión Europea hay más de 20 millones de mujeres que no tienen acceso a un aborto seguro y gratuito.
En realidad, el objetivo que persigue el movimiento es doble. Por un lado, busca lograr un millón de firmas para que la Comisión Europea estudie una Iniciativa Ciudadana Europea que garantice el aborto seguro, gratuito y accesible en todo el bloque y, aunque no lo van a conseguir para antes de este domingo, se muestran satisfechas de haber logrado casi medio millón en apenas un mes y medio de campaña. Asegura, además, que continuarán recabando apoyos durante un año para demostrar que “el pueblo ha hablado”.
“Empezamos siendo colectivos y activistas de ocho países (Francia, España, Irlanda, Austria, Croacia, Finlandia, Polonia y Eslovenia) y en este tiempo hemos conseguido movilizar a compañeras de los 27 países de la Unión Europea”, explica a Infobae Kika Fumero, portavoz y coordinadora del movimiento en España, que indica que, si consiguen ese millón de firmas, la Comisión Europea tiene la obligación de analizar la propuesta y organizar una audiencia pública en el Parlamento Europeo para discutir el tema. Posteriormente, la Comisión decide si acepta la propuesta y la lleva a cabo o si la rechaza y sus razones para hacerlo.
El segundo objetivo, que “se está conseguido con creces”, añade Fumero, es el de “crear un músculo de mujeres, un músculo feminista, para crear un movimiento a nivel europeo” y generar puentes con otros países a nivel global ante ese posible avance de la extrema derecha tras las elecciones del domingo, pues puede suponer un “nuevo retroceso en derechos para las mujeres, especialmente los relacionados con los derechos sexuales y reproductivos”. “La ultraderecha pretende controlar nuestros cuerpos, nuestra economía y nuestras vidas, porque cuando la maternidad no es deseada, se truncan nuestros planes de futuro y se somete a las mujeres a una situación de mayor precariedad. Si el aborto no es accesible y seguro, nos vuelven a someter al tabú, a la clandestinidad”, añade.
En ese sentido, la activista recuerda que los derechos de las mujeres en Europa “no solo están en peligro en países donde gobierna la ultraderecha”, sino también en España, a pesar de la ley de plazos de 2010, norma que fue reformada en 2023 para eliminar la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años y regular la objeción de conciencia, pues a día de hoy “sigue sin cumplirse”. Miles de mujeres se ven obligadas a trasladarse a otra provincia para ejercer este derecho, ya que en sus hospitales públicos de referencia no practican abortos. Es más, la mayoría de los que se practican en el país se realizan en clínicas privadas o concertadas, mientras que los registros de médicos objetores brillan por su ausencia.
“A pesar de que tenemos una ley nacional, no hay que olvidar que las competencias en salud están transferidas a las comunidades autónomas y pueden optar por no diseñar políticas públicas dirigidas a mejorar el acceso al aborto”, concluye Fumero.
La propuesta de Mi Voz Mi, Decisión también atiende de forma específica a las situaciones de especial vulnerabilidad que atraviesan mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, pues el acceso al aborto se complica aún más para quienes se encuentran en situación administrativa irregular.
