El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha cambiado “ahora” su jurisprudencia introduciendo “otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto” tras anular este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, después de que el pasado noviembre el mismo tribunal apreciara “desviación de poder” por su parte en el nombramiento previo de su antecesora como fiscal togada.
A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general “ha subido a la disputa jurídica”. “Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí”, ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.
Eso sí, García Ortiz ha apuntado que la sentencia del TS se ejecutará, se asumirá y se leerá lo que quiere decir, aunque previsiblemente, ha augurado, se tendrá que “volver al lugar de origen”, es decir, al inicio del Consejo Fiscal para “examinar si esa incompatibilidad existe o no”.
En este sentido, el fiscal general ha defendido su posición sobre el nombramiento de Delgado para el cargo asegurando que tomó esta decisión ya que la “incompatibilidad era tan evidente que no existía”. Según ha dicho después, plantearla al Consejo Fiscal “no era más que una táctica dilatoria” para impedir que fuera nombrada en la legislatura. “Esa es la base de toda discusión”, ha argumentado.
