València, 18 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido a las comunidades que tramitaban leyes de concordia que ahora, con gobiernos sin Vox, aprovechen la oportunidad y dejen sobre la mesa esas normas.
Torres, tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha pronunciado sobre la ley de concordia valenciana, aprobada recientemente en la comunidad.
El Gobierno -ha dicho- pedirá a la Generalitat negociar esa ley para que entre “en los cauces de lo que dice la ONU, los relatores, respecto a los derechos humanos, y que vuelva a la ley anterior” y, en caso de que no suceda así, acudirá al Tribunal Constitucional.
El Gobierno de España defiende los derechos humanos, los pactos internacionales y el derecho internacional, y la Constitución Española, y rechaza “cualquier involución”, por lo que pedirá al Gobierno de Carlos Mazón sentarse en una mesa técnica sobre la ley de Concordia, que “iguala a las víctimas de 40 años de dictadura a las víctimas o supuestas víctimas de la República”, ha apuntado en alusión a que esta fue un régimen democrático elegido con el voto de los españoles.
Por contra, “los 40 años de totalitarismo fueron un golpe ilegítimo, ilegal, de Estado, dado por el Ejército de Franco, que evitó que pudiéramos votar, que los referéndum que hubo fueron dirigidos, que no había sufragio universal y que no podíamos elegir a nuestros representantes públicos”, por lo que “no tiene nada que ver” una etapa con la otra.
Esa “igualdad” de víctimas en la ley de concordia, que fue aprobada por PP y Vox el mismo día en que Vox salió del Gobierno valenciano, la rechaza “la ONU, la Constitución y, por supuesto, el Gobierno de España”.
Según ha dicho el ministro, tenderá la mano para llegar a un acuerdo y espera reciprocidad desde el Gobierno valenciano.
Sobre la ley de concordia en Extremadura, que vendría a sustituir a la de la memoria histórica vigente y que no se va a poner en marcha, ha señalado que todas esas derogaciones han sido exigidas por Vox, como prueba que solo se ha hecho en comunidades donde gobernaba con el PP o en solitario y ahora, con Vox fuera de los gobiernos autonómicos, no tiene sentido que se mantengan.
De esta manera, una vez que se publique la ley de concordia, el Gobierno se pondrá en contacto con la Generalitat para arbitrar mecanismos a través de técnicos y juristas de las dos administraciones, según ha apuntado, para recordar que recientemente ambos gobiernos han llegado a un acuerdo sobre los presupuestos de 2024 para hacer una modificación.
El ministro ha indicado que la ley de memoria histórica de 2007 y la ley de memoria democrática de 2022 nació buscando la voluntad real del consenso y aunque no fueron apoyadas por el Partido Popular, tampoco fueron derogadas por Mariano Rajoy, así como que los 3 millones aprobados para exhumaciones no han recibido votos en contra de las comunidades.
Torres ha considerado que recuperar los restos de víctimas del franquismo “nos debería dignificar”. EFE
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