El Gobierno avanzará en las próximas horas en el arancelamiento para los extranjeros que concurran a las universidades públicas. La medida será oficializada en las próximas horas y fue confirmada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Se da un día después de la multitudinaria marcha que reclamó que se garanticen los fondos para las casas de altos estudios.
Se conoce también, luego de que el presidente Javier Milei confirme el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sotenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la consulta por la decisión que tomó el Gobierno.
La posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros es una potestad que Poder Ejecutivo había planteado en el texto inicial de la Ley Bases, pero que fue excluida durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
Fuentes del oficialismo subrayaron que el principio de gratuidad está garantizado para los argentinos residentes, destacando que el texto de la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros.
En efecto, la serie de reformas que impulsó el Ejecutivo en la norma, considerada esencial por la gestión de La Libertad Avanza para desarrollar su programa de gobierno, promovió cambios en todos los niveles. Entre ellos se encontraba la decisión de que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
Fuentes oficiales recordaron los principales ejes que planteó inicialmente la norma para introducir reformas en el sistema educativo. A saber:
- Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
- Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
- Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
- Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
- Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
- Universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
- Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
- Universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
- Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
- Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
- Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.
La gestión Milei tenía decidido avanzar tanto en el veto de la ley de financiamiento universitario como en la reglamentación de la facultad concedida por la Ley Bases. No obstante, las medidas luego de una evaluación del impacto de la segunda Marcha Federal Universitaria.
Aunque la movilización fue masiva, el oficialismo unificó su respuesta al asegurar que las motivaciones fueron estrictamente políticas. Para sostener ese argumento expuso la participación de los principales líderes de la oposición.
Por otro lado, tanto el presidente Milei como los principales referentes del oficialismo sostienen que la intención del gobierno no es desfinanciar el sistema, si no obligar a las máximas autoridades de las universidades a que rindan más exhaustivamente el uso que les dan a los fondos que reciben.
