Este martes los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se reunieron con funcionarios del Gobierno tras el impacto de la Marcha Federal Universitaria, que movilizó cientos de miles de personas –los organizadores estimaron un millón– en las principales ciudades de todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo y sus alrededores.
Por parte del Ejecutivo, participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Tal como se preveía, no estuvo convocado el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había quedado en el ojo de la tormenta por su tono abiertamente confrontativo con las universidades, tanto en las redes sociales como en el último plenario de rectores en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Entre los rectores, participaron Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN), Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa y vice del CIN), Alfredo Lazzeretti (UN de Mar del Plata), Carlos Grecco (UNSAM), Omar Larroza (UN del Nordeste), Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional) y Oscar Gelpi (UBA), quien ya se había reunido ayer con Pettovello y Torrendell (la fecha se había pautado previamente a la marcha y ambas partes la sostuvieron).
Según pudo saber Infobae, los rectores insistieron en la reunión con la preocupación por el presupuesto universitario, incluyendo las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento y el financiamiento para hospitales, obras de infraestructura y recursos para el sistema de ciencia y técnica. En cambio, la cuestión de las auditorías, con la que el Gobierno insistió en los últimos días, no se abordó específicamente durante el encuentro.
“Las autoridades del CIN expusimos cada punto de los reclamos fundantes de la histórica marcha en apoyo a la universidad pública”, señalaron los rectores en un comunicado. “Hoy trajimos el mismo planteo que venimos haciendo desde enero de 2024 y, por primera vez ante la Sra. Ministra, hemos acentuado la necesidad de recuperar el 50% que se ha perdido en la inversión universitaria”, plantearon. Desde el Gobierno prefirieron no hacer comentarios sobre la reunión.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN, dijo a Infobae que la reunión fue “amena” y que los funcionarios se mostraron “muy propensos al diálogo” pero “lamentablemente no hicieron ninguna propuesta concreta que hayamos tenido que evaluar”. “Ojalá en mayo, según los compromisos conjuntos que tomamos, podamos integrar las mesas de trabajo para llegar a soluciones rápido”, agregó.
En su comunicado, los rectores valoraron la convocatoria y el encuentro con las autoridades nacionales. También volvieron a plantear que “el incremento de gastos de funcionamiento del 70% en marzo y un potencial nuevo aumento de 70% en mayo que se cobrará en junio significa un incremento del 105%”, cifra que consideraron “un aliciente pero insuficiente para resolver los problemas actuales”, con una inflación acumulada en torno al 280% durante 2023 y los meses transcurridos de 2024.
“Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y bregamos por soluciones en el corto plazo”, señalaron desde el CIN. Y agregaron: “Aspiramos a que el camino del diálogo, el trabajo colaborativo y el respeto, lejos de la descalificación y la difamación, permitan resolver los problemas presentes para garantizar las condiciones indispensables para el funcionamiento de las universidades y el buen cumplimiento de sus tareas”.
Fuentes de la Secretaría de Educación habían reconocido la necesidad de darle “previsibilidad” al financiamiento de la educación superior, tal como lo vienen reclamando los rectores de las 58 universidades nacionales. También confirmaron, en línea con lo que ha afirmado públicamente Torrendell desde el inicio de su gestión, la voluntad de reconstruir la confianza con las universidades y retomar el diálogo.
En su comunicado, los rectores expresaron el deseo de que “a partir de este inicio del diálogo, se sostenga el trabajo coordinado para encontrar las vías de solución para todo conflicto”. También valoraron el apoyo social que se expresó en la marcha del martes 23 de abril: “Nuevamente, agradecemos a la sociedad argentina el masivo acompañamiento que posibilitó que comenzaran a atenderse, con la seriedad que amerita, los reclamos que venimos planteando”.
Más temprano, las autoridades del CIN se habían reunido con los senadores nacionales Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Víctor Zimermann (UCR); Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Alejandra Vigo (Córdoba, Bloque Unidad Federal).
En el Congreso hay siete proyectos de ley referidos al financiamiento universitario, que abarcan desde el incremento de fondos, hasta tarifas especiales de gas y luz y la declaración de la emergencia presupuestaria del sistema. Una de las iniciativas, impulsada por la diputada nacional Danya Tavela (UCR), ex secretaria de Políticas Universitarias, establece criterios de actualización de los gastos de funcionamiento y propone “pautas objetivas y transparentes para la distribución presupuestaria”.
El lunes, la ministra Pettovello y el secretario Torrendell habían recibido en el Palacio Pizzurno a Ricardo Gelpi, el rector de la UBA. Tras la reunión, la funcionaria aseguró: “Nunca desde La Libertad Avanza o el ministerio de Capital Humano se comunicó que se iba a cerrar o desfinanciar la universidad pública”.
“Desde el gobierno apoyamos fuertemente la educación pública (tanto de gestión estatal como privada). Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación. Solo van a verse resultados óptimos si ese dinero es utilizado para garantizar la educación y no la política partidaria”, señaló ayer Pettovello.
