El Gobierno Vasco ha aprobado la progresión al tercer grado de Ibon Fernández Iradi, ‘Susper’, el exjefe de ETA cuya detención y posterior incautación de documentación propició un centenar de arrestos de miembros de la banda terrorista.
El Ejecutivo vasco también ha aprobado en el mes de abril el tercer grado para Iratxe Yañez Ortiz de Barron, uno de los etarras detenidas en 2010 en Bermillo de Sayago (Zamora) después de huir en el coche de unos guardias civiles que previamente le habían dado el alto a una furgoneta que circulaba en dirección a Portugal.
Según los datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), consultados por Europa Press, con Fernández Iradi e Iratxe Yañez Ortiz se elevan a 69 los terceros grados aprobados por el Gobierno Vasco a presos de ETA desde que asumió esta competencia en octubre de 2021.
Esos 69 terceros grados se corresponden con 56 presos que cumplen condena en cárceles vascas por delitos relacionados con la actividad terrorista de ETA. Trece de estos acuerdos han sido repetidos tras ser revocados por la Audiencia Nacional.
ACERCADO DESDE FRANCIA EN 2022
En octubre de 2022, Fernández Iradi fue trasladado desde la cárcel francesa de Lannemezan al centro penitenciario de Martutene, para continuar cumpliendo su condena en la prisión guipuzcoana.
La asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, informó por entonces en un comunicado que Fernández Iradi, con más de 50 años de edad, sufría una esclerosis múltiple.
Integrante del ‘comando Donosti’, fue responsable del subaparato de captación de ETA y, posteriormente, pasó a ser jefe del aparato militar de la banda. Ibon Fernández Iradi fue detenido por primera vez en diciembre de 2002 en Tarbes (Francia), pero logró escapar de la comisaría de Baiona.
Posteriormente, fue arrestado en Mont de Marsan y encarcelado en diciembre de 2003. En Francia fue condenado a tres penas, dos de 30 años cárcel y una de 15. Entre otros delitos, se le consideró autor de un homicidio frustrado al haber tiroteado a un gendarme en noviembre de 2001.
La documentación conocida como ‘Los papeles de Susper’ provocó una cascada de detenciones de integrantes de ETA, que superaron el centenar, lo que supuso un punto de inflexión en la lucha antiterrorista.
En junio de 2010 fue extraditado a España de forma temporal, junto con Balbino Sáenz Olarra, para ser juzgado en la Audiencia Nacional por asesinato. Además, está acusado de haber participado en más atentados, entre ellos, los que costaron la vida al gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, al ertzaina Mikel Uribe, al empresario José María Korta o al director financiero de El Diario Vasco Santiago Oleaga.
