El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular en la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos, ha remitido este viernes un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que solicita la elevación de la causa al Tribunal Supremo.
En concreto, se trata de la causa que instruye el magistrado Francisco Goyena en relación a la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal en la que figuran como investigados la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
Esta petición por parte del ICAM se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado el Colegio en un comunicado.
María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, y Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, declararon este jueves ante el magistrado que instruye el caso que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado. En la misma línea se pronunció el pasado 13 de junio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
El propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor dio traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Supremo.
En la investigación abierta, el magistrado trata de investigar a instancias de Alberto González “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.
Según el ICAM, su divulgación supone “una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo”.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado “la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes”.
“La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo”, ha indicado.
