La Cámara de Casación lo anuló y tiene efectos nulos. Pero el contenido del pacto que firmó el último gobierno kirchnerista con un grupo de dirigentes mapuches no deja de sorprender. Excediendo largamente sus atribuciones como secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla comprometió al Estado a entregar a la comunidad Lafen Winkul Mapu valiosas tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi, construir casas, brindar seguridad y, principalmente, desactivar las causas penales contra los responsables de las violentas tomas de terrenos que llenaron de miedo a los vecinos de Villa Mascardi.
El acuerdo que se firmó en junio pasado y al que accedió en exclusiva Infobae constaba de ocho artículos, de los que se tenía hasta ahora un resumen que ocultaba sus verdaderos alcances. El argumento para las diferentes concesiones es conocido: atribución a un supuesto “derecho ancestral” para tener la propiedad de un lugar al que consideran “sitio sagrado” y donde se esgrime que debería actuar una machi, a quien consideran intermediaria entre el plano natural y sobrenatural. En este caso, era sobre una amplia zona del parque, que había sido ocupado previamente y donde ocurrió un crimen en medio de un tiroteo.
Cuando se informó sobre el detalle del acuerdo, en una gacetilla de prensa que todavía está en online, la Secretaría de Derechos Humanos informó: “En la ex ESMA se realizó la tercera edición de la Mesa de Diálogo por el conflicto territorial en Villa Mascardi, donde en 2017 fue asesinado por miembros de la prefectura Rafael Nahuel. El Estado dará cesión de uso a la Machi Betiana Colhuan a fin de que pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche. Asimismo, se acordó que la Comunidad Lafken Winkul Mapu se reubicará en otras tierras —distintas a donde se ubica el REWE de Villa Mascardi— cuya localización será analizada en el marco de la mesa de diálogo que se realizará en las próximas semanas”.
Debido a los insólitos compromisos tomados por Pietragalla, que fueron convalidados por un juez de primera instancia de Bariloche, el Ministerio Público Fiscal, la Asociación Vecinal de Lago Mascardi y el gobierno de Javier Milei -a través del titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen- se presentaron ante la Justicia para que se anule todo el contenido del acuerdo. Ayer se conoció que efectivamente la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone lo dejó sin efecto.
¿Pero qué dice el acuerdo? El artículo primero da un encuadre sobre el contenido: “El Estado se compromete a reconocer el REWE como sitio sagrado para el Pueblo Mapuche a fin de que la Machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin se construirán tres rukas: la ruka Lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y estarían a resguardo todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche), la ruka Kellum (donde viven los colaboradores indispensables de la machi), y la ruka de la Machi, donde vivirá ella y su familia”.
Además, se comprometió a “otorgar permiso de uso del terreno identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0 ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Huapi. Se deja expresa constancia que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otras tierras”. En concreto, el último gobierno kirchnerista reconocía un terreno como “sagrado”, se lo entregaba a un grupo privado autoproclamado “mapuche” y se comprometía a construirles casas.
El artículo 2 no tiene mayor importancia, pero en el tercero aparece una de las inconsistencias que fueron señaladas por las autoridades: “La Comunidad Lafken Winkul Mapu continuará con el trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas -RENACI- del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta su finalización”. Es decir que Pietragalla firmó un acuerdo con una organización aborigen que no era reconocida oficialmente por el propio Estado.
Pero no terminan ahí las sorpresas. En el artículo 4, Pietragalla firmó un compromiso insólito: “El Poder Ejecutivo Nacional habilitará oficinas de distintas agencias gubernamentales (Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso de Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etc). Se acuerda que dichas dependencias se sitúen en la zona, aunque no en los terrenos inmediatamente colindantes al REWE”.
Y en el artículo 5 establece una decisión de enorme impacto: “Las distintas partes intervinientes en las causas penales N° 26511 y 16.149 (defensas de las imputadas y la querella de Parques Nacionales) se comprometen a elaborar y presentar en los respectivos juzgados con fecha límite del 9 de junio de 2023 un acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que contemplará las pautas del presente acuerdo”. Ergo, levantar las causas penales que estaban vigentes por las tomas de terrenos. Este artículo fue uno de los más cuestionados por las autoridades actuales de Parques Nacionales: de hecho, Larsen lo dejó sin efecto mediante una decisión administrativa que tuvo convalidación a partir de la decisión de ayer de Casación.
El artículo 8 tampoco pierde sintonía con los anteriores: “El Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a garantizar la seguridad del REWE”.
El antecedente
El acuerdo que se firmó en junio de 2023 fue el final de una larga negociación con los manifestantes que exigían tierras. De hecho, se lo presentó como la conclusión del “Tercer encuentro de la mesa de diálogo con comunidades del pueblo mapuche y tehuelche de la Patagonia”. Allí estuvieron, además de Pietragalla, la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato; y la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Carolina Varsky.
Y como “veedores” participaron la fallecida Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y Mariana Katz, del SERPAJ; María José Venancio, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Cristina Caamaño, por Justicia Legítima; José Schulman, por la coordinadora de presos políticos, entre otros.
Antes de esa ceremonia hubo otras reuniones. Vale detenerse en la que se dio el 8 de marzo del año pasado, que está incluida como parte del acuerdo que fue anulado por la Cámara de Casación. En las anotaciones de ese acuerdo hay pasajes que exponen tanto la mirada del gobierno anterior sobre el conflicto mapuche como la posición de la comunidad, que exigía un reconocimiento como sujeto ajeno a las leyes argentinas.
“La lof Paillako plantea vivir tranquilos en el territorio sin que el Estado Argentino ingrese a asesinarnos como en otras lof (…) el lonko Mauro Millán habla de la multiplicidad de expresiones y que se tenga la versatilidad para vernos como heterogéneos, que nuestra forma es autónoma y por fuera del Estado (…) Se señala que la violencia siempre proviene del Estado y que nuestro pueblo solo se defiende de la opresión (…) Se habla sobre soberanía y pueblos preexistentes y la autonomía dentro del territorio”, son algunos de los pasajes incluidos en el acta que se firmó en el primer encuentro que decantó en el pacto.
Hay un pasaje que brinda una clave del abordaje que hacían Parques Nacionales y el gobierno anterior: “Dicen reconocer derechos, que son peronistas y que quieren integrar a todos en esta sociedad”.
