El acusado se llama Élmer Canales Rivera y su alias es Crook. Ha sido uno de los jefes más importantes de la pandilla MS13 y guarda prisión en Nueva York, donde este martes se presentará ante un juez en la audiencia que iniciará un proceso judicial que implica a otra docena de líderes pandilleros salvadoreños. Este juicio puede tener consecuencias impensadas para Nayib Bukele, el popular presidente de El Salvador que en febrero de este año fue reelecto mediante un polémico proceso reñido con la Constitución.
Hasta mediados de 2021, Crook cumplía una condena de 40 años por homicidio en una cárcel salvadoreña, pero el gobierno de Bukele lo liberó de forma clandestina como parte de un pacto de gobernabilidad con la pandilla. Fue recapturado el 8 de noviembre pasado en México y enviado a Houston y luego a Nueva York, donde el próximo martes se presentará ante la jueza Joan Azrack del distrito este neoyorquino en Brooklyn.
Documentación judicial en poder de Infobae detalla que la jueza Azrack programó la audiencia de este martes al mediodía en el salón número 920 en la corte distrital del este de Nueva York. A la audiencia deben presentarse todas las partes para discutir la exhibición de pruebas y definir si Canales Rivera mantendrá su declaratoria de no culpabilidad.
Por ahora, el caso contra Crook ha sido calificado como un proceso complejo debido al propósito, acordado por las partes, de hacer un juicio expedito. Consultado por Infobae, un abogado del gobierno federal en Washington explicó que esto puede implicar que el acusado, Canales Rivera en este caso, haya negociado o esté negociando una sentencia reducida a cambio de dar información sobre la pandilla MS13 en El Salvador, sobre sus alcances en Estados Unidos, donde la organización está asentada desde que nació a finales de los años 80, y sobre sus relaciones políticas con sucesivos gobiernos salvadoreños, incluido el de Bukele.
Crook es coimputado junto a otros 12 salvadoreños acusados de varios crímenes y de ser los líderes históricos de la MS13, miembros de una especie directiva a la que en la jerga judicial de El Salvador se conoce como la ranfla nacional.
En diciembre de 2020, antes de que Donald Trump dejara la presidencia de los Estados Unidos, su Departamento de Justicia acusó a los pandilleros salvadoreños de actos de terrorismo en la corte distrital de Nueva York.
Los fiscales de DOJ aseguran, en el documento inicial de acusación de 33 páginas, que la ranfla nacional, de la que Canales Rivera es parte, “controlaba las actividades de la MS13 en los Estados Unidos, incluido el distrito este de Nueva York…” y que las reglas impuestas por los líderes, la mayoría de los cuales estaban presos en El Salvador cuando Nayib Bukele asumió su primer periodo presidencial en 2019, controlaban el proceso de reclutamiento de nuevos miembros en los Estados Unidos.
“Las clicas (unidades primarias que forman la pandilla) en los Estados Unidos también tenían órdenes de enviar desde Estados Unidos dinero procedente del tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades criminales. La ranfla nacional enviaba a miembros en los que confiaba para supervisar las actividades de las clicas en Estados Unidos y hacer valer las reglas de la MS13, lo que resultó en el incremento de violencia en los Estados Unidos”, dice la acusación.
La acción judicial contra los líderes de la MS13 es el resultado de una política de persecución criminal que inició en Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush y fue reforzada durante el mandato de Trump, cuando se creó una fuerza internacional especializada a la que se conoce como Vulcano.
Algunas de las investigaciones que dieron pie a la creación de Vulcano, de acuerdo con un exfuncionario de la administración Biden que habló con Infobae bajo condición de anonimato para hacerlo con libertad, habían arrancado, precisamente, en Long Island en septiembre de 2016 tras los asesinatos de las adolescentes Kayla Cuevas y Nisa Mikkens en Brentwood, y de otros dos jóvenes en otras localidades neoyorquinas.
Aquellos hechos, que obtuvieron relevancia nacional por la crueldad exhibida y por el uso político que el candidato Trump hizo de ellos en 2016, abrieron investigaciones locales y federales que arrojaron nuevos datos sobre la operación transnacional de la MS13. Al poco tiempo, agentes policiales destacados en San Salvador, basados en procesos judiciales salvadoreños que habían descubierto la complejidad de esas relaciones entre los líderes estacionados en las cárceles del país centroamericanos y las calles de Estados Unidos, profundizaron en sus pesquisas. Vulcano retomó todo eso cuando Bukele llegó a la presidencia.
Antes y después de la acusación por terrorismo presentada en el distrito este contra los líderes de la MS13 en 2020, DOJ negoció con la fiscalía general de El Salvador la extradición de los imputados que estaban presos en cárceles salvadoreñas.
Raúl Melara, el fiscal general salvadoreño en aquel año, era el principal encargado de las negociaciones. En su momento, Infobae reveló que Melara viajó a Washington a principios de 2021 para delimitar con agentes y supervisores del DOJ y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) los términos de las extradiciones. Dos agentes estadounidenses que conocieron sobre esas pláticas y un fiscal salvadoreño que trabajó bajo las órdenes de Melara han confirmado que en esas reuniones Estados Unidos se comprometió, entre otras cosas, a no pedir penas de muerte para respetar lo establecido por la legislación salvadoreña.
“Estaba todo casi listo. Bueno… te puedo decir que solo faltaban las últimas firmas”, dice desde el anonimato el exfiscal salvadoreño que conversó sobre el tema con Infobae.
Todo, sin embargo, se torció en mayo de 2021. El primer día de aquel mes, durante la sesión inaugural de la primera legislatura en la que el partido de Nayib Bukele ganó mayoría absoluta, sus diputados destituyeron a Melara con subterfugios legales y nombraron en el puesto a Rodolfo Delgado, un abogado que cuenta en su hoja de vida haber trabajado con Alba Petróleos, la subsidiaria de la estatal petrolera venezolana que financió a Bukele, y haber defendido a un empresario sospechoso de lavar dinero a la ranfla de la MS13. Delgado y la Corte Suprema de Justicia, también renovada por diputados bukelistas, detuvieron las extradiciones.
Requeridos por el tribunal neoyorquino sobre el paradero de los pandilleros acusados de terrorismo, los fiscales del distrito este en Nueva York respondieron que habían pedido información al gobierno de Bukele, que según los registros públicos nunca contestó.
No fue hasta finales de 2023, cuando policías mexicanos que colaboraban con la fuerza estadounidense Vulcano capturaron a Élmer Canales Rivera, el Crook, en Ciudad de México que el juicio revivió en la corte neoyorquina.
Crook fue extraditado de Houston, Texas, donde fue enviado por las autoridades mexicanas, hasta Nueva York. Con Canales Rivera a las órdenes de la jueza Azrack, el caso emblemático por terrorismo contra el liderazgo de la MS13 reinició: Crook, que sometió una declaración inicial de no culpabilidad y en sus primeras entrevistas dejó indicios de que el gobierno de Bukele lo había ayudado a escapar de una cárcel salvadoreña y le había proporcionado un arma de fuego, ha aceptado someterse a un proceso expedito, lo cual, de acuerdo con los agentes estadounidenses consultados, implica entregar a la fiscalía información sobre sus actividades criminales y sus relaciones con el gobierno de Bukele.
De la corte en Long Island a la casa presidencial en San Salvador
Osiris Luna ha sido, desde que Bukele juró como presidente de El Salvador por primera vez en 2019, uno de los funcionarios más influyentes del país. Nombrado viceministro de seguridad pública y director general de centros penales, Luna ha sido esencial en la política antipandillas del presidente. También ha sido uno de los funcionarios más cuestionados de la administración.
Cuando, en enero de 2023, Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que la ministra argentina Patricia Bullrich visitó hace poco, fue Luna quien acompañó al presidente en la gira inaugural. Luna es, además, el dueño y señor de las cárceles.
Los cuestionamientos a Luna iniciaron muy pronto, casi desde el inicio de la gestión Bukele. Primero fue un viaje a México en un jet privado, luego señalamientos por corrupción en tiendas de artículos de primera necesidad en el sistema carcelario y por transacciones irregulares durante la pandemia y, finalmente, su papel en la negociación de un pacto de gobernabilidad del gobierno con la MS13 y el Barrio 18, la otra pandilla importante del país.
En las últimas horas, en cuentas X y otras redes sociales corrió el rumor de que, finalmente, después de todos los señalamientos, Bukele había decidido bajar el perfil a Luna, destituirlo como jefe de prisiones y dejarle solo el puesto decorativo de viceministro para mantenerle la inmunidad. El gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero una fuente del Ejecutivo aseguró a Infobae que esa decisión aún no ha sido tomada.
Lo cierto es que buena parte de los datos que han alimentado las investigaciones a Luna, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, provienen de lo averiguado por la fuerza estadounidense Vulcano en colaboración con sus contrapartes salvadoreñas. Son investigaciones, asegura un agente federal estadounidense que habló con Infobae, que llevan ya media década y que han incluido entrevistas con decenas de testigos, incluidos funcionarios de Bukele.
Buena parte de lo que Vulcano sabe sobre Luna y otros funcionarios salvadoreños que han trabajado de cerca con las pandillas viene de información proveída, también, por pandilleros, por líderes de la ranfla, por personas como Élmer Canales Rivera, el Crook, quien en los próximos días se presentará ante la jueza Joan Azrack en Brooklyn para, entre otras cosas, hablar de las relaciones que su pandilla trabó con el gobierno salvadoreño.
En lo diplomático, la relación actual de Washington con Bukele es cordial. El Departamento de Justicia, sin embargo, sabe cosas del presidente salvadoreño de las que ya ha dado pistas en informes y comunicados públicos. Cuando, en 2021, el Departamento del Tesoro sancionó a Osiris Luna, por ejemplo, los estadounidenses dijeron que el carcelero salvadoreño había negociado con las pandillas en nombre del presidente.
La apertura del juicio a la ranfla de la MS13 en Nueva York, y del proceso contra el Crook en particular, puede, dicen los agentes norteamericanos consultados, brindar más detalles sobre el alcance real de esas relaciones.
