El juez que admitió la denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto una pieza separada tras recibir un escrito de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada el 29 de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, quien investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Al tratarse de una providencia –y no de un auto– el juez Juan Carlos Peinado no aporta mayores detalles sobre su decisión y se limita a afirmar que: “Dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista procédase con el mismo a la apertura de pieza separada”.
Con todo, cabe recordar que no es la primera vez que el órgano comunitario se dirige al juez instructor. El pasado 26 de abril la EPPO le preguntó si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En concreto, el órgano comunitario envió un decreto al juzgado en el que pedía que se le informase si en la causa “estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaban que la Fiscalía Europea “podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia” para investigar dichos contratos si así lo estimaba pertinente, por lo que solicitaban al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
En otra providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez le respondió a dicha Fiscalía que en los hechos que investiga sí constan “procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades ‘Innova Next’ –sociedad del Grupo Barrabés–, ‘SLU Escuela de Negocios’, y ‘The Valley'”.
Así las cosas, el instructor facilitó una copia de los documentos requeridos a la EPPO, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.
