El 13 de agosto, la Corte Suprema de Justicia publicó la lista de veintidós personas admitidas como elegibles para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.
Esta selección se originó tras una convocatoria pública y de esta lista se elegirá al candidato que será presentado al Senado de la República para su elección final.
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Entre los admitidos se destaca la exmagistrada Lucy Jeanette Bermúdez, ex presidenta del Consejo de Estado en 2019, con una trayectoria de 36 años en la rama judicial. Bermúdez también ejerció cerca de veinte años en la Procuraduría. Su inclusión en esta lista resalta entre los demás postulantes, por sus credenciales jurídicas. La Corte Suprema puso a Bermúdez en el quinto lugar de su lista.
Sin embargo, llamo la atención que el nombre del abogado Hugo Junior Carbonó Ariza también aparece entre los candidatos, ocupando el sexto lugar. Carbonó es un profesional con vasta experiencia en la justicia, conocido especialmente en el norte del país, en el Atlántico. Originario de Ciénaga, Magdalena, Carbonó se destacó como juez sin rostro en Bogotá en los tiempos del asesinato de Luis Carlos Galán. Durante su estadía en Bogotá, emitió sentencias importantes contra figuras públicas, como Miguel Alfredo Maza Márquez y Alberto Santofinio.
Además, el abogado Carbonó fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla durante siete años. En noviembre de 2009, durante la interinidad de Guillermo Mendoza Diago, fue declarado insubsistente mediante una resolución que él demandó, alegando que su puesto era provisional y que la Fiscalía debía dar paso a cargos en propiedad.
Hugo Carbonó también es el juez a cargo del caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Carbonó ha tomado varias decisiones notables durante el proceso judicial.
Uno de los puntos críticos del caso se presentó cuando el juez Carbonó decidió negar la petición de nulidad del proceso. En una audiencia, el abogado defensor Sebastián García argumentó que desde el inicio del proceso se habían violado las garantías de su cliente, Nicolás Petro. Sin embargo, Carbonó determinó que no existían fundamentos suficientes para aceptar la nulidad solicitada por la defensa.
Además, el juez Carbonó ha hecho declaraciones públicas sobre las numerosas amenazas y seguimientos que ha sufrido debido a su rol en este caso de alto perfil. A pesar de estar catalogado con un nivel de “riesgo extraordinario”, Carbonó ha indicado que aún no ha recibido la protección necesaria por parte del Gobierno.
El rol de Hugo Carbonó en el caso no solo ha sido vital en términos de administrar justicia, sino también en atraer la atención pública sobre los desafíos y presiones a los que se enfrenta el sistema judicial en un caso de tanta relevancia política.
El proceso de selección de los candidatos para dirigir la Procuraduría General de la Nación ha sido minucioso, y aunque algunos nombres esperados no aparecieron en la lista, como el del expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, se ha resaltado la calidad profesional de los admitidos, quienes deberán presentarse ante el Senado con miras a ser elegidos para este importante cargo.
¿Conflicto de intereses?
Con el nombre de Carbonó en la lista de elegibles a procurador, surge la duda sobre si el hecho de que esté a cargo del caso de Nicolás Petro le cree un conflicto de intereses con respecto a sus aspiraciones.
El procurador tiene la obligación de actuar con total imparcialidad y transparencia, aspectos esenciales que pueden verse comprometidos si un candidato está vinculado a un caso de alto perfil como el de Nicolás Petro. Este caso específico involucra a figuras políticas relevantes, lo que podría dar lugar a percepciones de conflicto de intereses, afectando la imagen de la entidad y el proceso judicial.
La Procuraduría General de la Nación es una institución que debe mantener su autonomía e independencia para asegurar la confianza pública. La percepción de parcialidad podría erosionar esta confianza, cuestionando la integridad de los procesos judiciales. Existen normas estrictas dentro de la Procuraduría para evitar tales conflictos, y los funcionarios deben declararse impedidos en casos donde alguna relación personal, económica o política pueda influir en su imparcialidad.
Las regulaciones y normas de la Procuraduría buscan precisamente prever y evitar estos escenarios, planteando que cualquier funcionario que enfrente un posible conflicto de intereses debe declararse impedido.
La percepción de conflictos de intereses puede afectar no solo la figura del procurador, sino también la confianza del público en la administración de justicia y en las decisiones de alto impacto político. Por lo anterior, en caso de poder asumir el cargo, Carbonó deberá declararse impedido para seguir a cargo del caso de Petro Burgos.
