Madrid, 13 jul (EFE).- Los precios elevados o la falta de puntos de recarga suponen frenos a la expansión de la movilidad sostenible pero, además, existe una “enorme brecha” entre el ámbito urbano y rural porque este último “ve la transición ecológica como una amenaza”, ha advertido la socióloga y politóloga Cristina Monge.
La consejera editorial de Ethic es una de las expertas que participó esta semana en el foro “Hacia una movilidad sostenible (y justa). El futuro del ‘leasing’ social en España” organizada por este medio, junto con la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E por sus siglas en inglés) y la Fundación Renault Group (FRG) España, para analizar la posibilidad de aplicar en España un sistema de movilidad compartida ya implantado en otros puntos de Europa.
El ‘leasing’ social es, básicamente, “el alquiler de un coche eléctrico de precio medio o barato, por unos 100 euros al mes, que se le ofrece a la gente que está a más de 15 kilómetros de su trabajo”, ha resumido el periodista especializado Miguel Ángel Medina, quien precisa que el usuario “se compromete a alquilarlo durante tres años y, al final de este período, puede comprarlo más barato o renunciar a él.
Esta fórmula fue planteada en Francia y superó todas las expectativas ya que las 25.000 peticiones que estimaba recibir la Administración gala en un primer momento se multiplicaron hasta más de 90.000, de las cuales finalmente fueron aprobadas 50.000.
Sin embargo, la propuesta para aplicar este modelo en España y acelerar así la transición ecológica no es fácil ya que el vehículo eléctrico, pese a sus beneficios ambientales, afronta una serie de problemas conocidos empezando por su elevado coste respecto al convencional, a los que Monge ha sumado el “desencuentro” con la población rural además de la dificultad de ampliar la red de carga para extenderla fuera de las ciudades.
En la actualidad, España se encuentra “a la cola de la UE” en este tipo de instalaciones, con apenas 32.000 en todo el territorio nacional, muy por detrás de Francia donde existen alrededor de 133.000, por lo que “habría que aumentar este número según la regulación de la UE”, ha insistido el portavoz de T&E Carlos Rico.
Además, uno de los objetivos del ‘leasing’ social es acercar este tipo de coches a los colectivos vulnerables pero la misma recarga es también muy cara lo que “puede provocar que los usuarios que reciben la ayuda devuelvan el coche a los tres meses”, ha añadido el director de la FRG España, Ignacio Rodríguez-Solano.
Otro punto complicado es la necesidad de actualización laboral del personal que trabaja en talleres, que “en general no está todavía preparado para arreglar vehículos eléctricos”, por lo que requerirán formación para no perder el empleo.
Finalmente, hay que contar con la depreciación de los automóviles devueltos al cabo de tres años de uso ya que “pierden mucho valor en comparación con los eléctricos nuevos”. EFE
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