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El nuevo Estatuto del Cooperante, uno de los desarrollos normativos previstos por la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible aprobada en febrero de 2023, verá la luz antes de verano, según han trasladado fuentes del Ministerio de Exteriores a Europa Press.
La citada ley, aprobada tanto en Congreso como en Senado por una amplia mayoría de la que solo se desmarcó Vox, preveía la aprobación de este nuevo estatuto en un plazo de seis meses mediante real decreto, igual que la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras medidas.
Sin embargo, el adelanto electoral al 23 de julio y el retraso en la formación de Gobierno hasta noviembre, dio al traste con el calendario previsto. Durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso el pasado 5 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había indicado que el Gobierno llevaba “meses trabajando” en el desarrollo normativo de la ley.
Esta misma semana, la diputada del PP Esperanza Reynal, portavoz en la Comisión de Cooperación, había recordado precisamente este retraso durante el debate de una proposición no de ley en el Congreso. Tras defender que su partido cree que “la cooperación es una cuestión de Estado”, había considerado que “es indispensable que el Gobierno realice el desarrollo normativo que tiene pendiente de la Ley de Cooperación y que ya lleva pendiente más de un año”.
LOS CUATRO DECRETOS ESTE AÑO
Desde Exteriores aseguran a Europa Press que “están tramitándose los cuatro reales decretos que dotan de contenido esta ley, que verán la luz durante este año”. En el caso concreto del Estatuto del Cooperante, que Albares ya había dicho que era la “prioridad más inmediata”, “está en una fase técnica muy avanzada y su aprobación se espera para antes del verano”, han precisado las fuentes.
El objetivo, según subrayó el ministro en la citada comparecencia, es “asegurar la retención, la capacitación, la especialización y la promoción” de los cooperantes, de quienes dijo que son “embajadores de los mejores valores de España” en los países donde trabajan y trabajan en contextos complicados, arriesgando en algunos casos sus vidas.
También se está trabajando, precisan las fuentes, en el Estatuto de la AECID, así como en la reforma de la normativa de subvenciones para la agilización de trámites con todas las garantías, y en el real decreto de cooperación financiera por el que el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) será reemplazado por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).
Asimismo, el que será el VI Plan Director, “la guía estratégica con los objetivos, prioridades, instrumentos y modalidades de la política de cooperación en los próximos años” en palabras de Albares, “se encuentra en fase de consultas con la sociedad civil”, añaden.
LAS ONGD PIDEN CALIDAD
Desde la Coordinadora de ONGD, que integran 72 ONG de desarrollo y 17 coordinadoras autonómicas, aglutinando a un total de 617 organizaciones, lamentan el retraso aunque reconocen que el trabajo no se ha paralizado en este tiempo ni ha estado “metido en un cajón”.
Su presidenta, Irene Bello, señala en declaraciones a Europa Press que lo importante es que se aprueben los cuatro reales decretos pero incide en que las ONGD no quieren que “se pierda calidad por las prisas”. “Hay que ponerse las pilas y acelerar y sacar los reglamentos, porque es una buena ley aprobada con un amplio respaldo, pero no podemos hacer una chapucería”, advierte.
“No podemos pretender sacar todo en un mes”, insiste, advirtiendo también de la importancia del nuevo Plan director, el primero con la nueva ley. “No puede ser un corta y pega del anterior”, previene, asegurando que desde la Coordinadora trabajarán con el Gobierno para que así sea.
