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El Parlamento de Senegal ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la amnistía sobre actos políticos ocurridos entre 2021 y 2024 propuesto por el presidente senegalés, Macky Sall, en medio de la crisis en el país africano por el proceso electoral.
En la votación, 94 diputados de la Asamblea General han votado a favor, mientras que 49 se han posicionado en contra y tres se han abstenido. Los legisladores del opositor Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Franternidad (PASTEF), encabezado por Ousmane Sonko, encarcelado, y los del Partido Democrático Senegalés (PDS) han votado en contra al considerar la ley inapropiada.
El texto recoge en la exposición de motivos que la medida busca “calmar el clima político y social”, así como “fortalecer la cohesión social, consolidar el diálogo nacional y permitir que las personas que hayan tenido problemas con el sistema judicial puedan participar plenamente en la vida democrática” de Senegal.
Asimismo, afirma que el objetivo ha sido “siempre” promover “el ejercicio democrático en un contexto de diálogo y apertura política”. “Este proyecto de ley permitirá que las personas privadas de sus derechos civiles y políticos recuperen sus derechos”.
El artículo primero aclara que serán amnistiados “todos los actos susceptibles de calificarse como delitos penales o correccionales, cometidos entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024 tanto en Senegal como en el extranjero relacionados con manifestaciones o que tengan motivaciones políticas”.
Cuando el texto fue aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, la oposición criticó que la medida no arroja luz a aquellos años ni garantiza justicia a los presos que fueron encarcelados por las manifestaciones.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó este lunes de que el espacio cívico en Senegal se ha erosionado en los últimos años y, según los informes, cerca de mil activistas de la oposición han sido arrestados desde 2021.
La aprobación del proyecto de ley ha tenido lugar durante la misma jornada en la que Sall ha anunciado tanto la disolución del actual Gobierno como la convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 24 de marzo, después de que el Consejo Constitucional senegalés advirtiera de que la propuesta de celebrar los comicios el 2 de junio, dos meses después del fin de su mandato, era contrario a la Constitución.
El mandato de Sall expira el 2 de abril y él mismo se comprometió en un discurso a la ciudadanía a no seguir en el cargo más allá de esta fecha. Sin embargo, un foro de diálogo nacional impulsado por el mandatario propuso celebrar los comicios el 2 de junio. Esta propuesta fue criticada por la oposición política senegalesa, que tachó de “ilegal” el cronograma al considerar que implicaría una prórroga ‘de facto’ del periodo en el poder de Sall, y plantearon un periodo de transición para evitar el vacío institucional.
