La reciente decisión de aumentar el precio del diésel, tomada por la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), generó preocupación en varios sectores. El ajuste impactará tanto en el transporte de carga como en el transporte público.
Henry Cárdenas, presidente del gremio de los empresarios de transporte de carga, Fedetranscarga, advirtió en una entrevista con Red+ Noticias que el alza del combustible es una medida grave no solo para los camioneros, sino para los ciudadanos que dependen del transporte público.
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Cárdenas destacó que al aumentar los costos operativos las empresas de transporte público inevitablemente trasladarán este incremento a las tarifas de los pasajes, afectando especialmente a quienes tienen menores recursos económicos.
Juan Pablo Fernández, negociador de la Cámara Intergremial de Transporte (Unidos), explicó que la tarifa actual de un pasaje que cuesta alrededor de $3.000 pesos podría entre $1.000 y $1.100 más debido al aumento en el costo del diésel.
Este incremento tendría un fuerte impacto en el presupuesto de los hogares, forzándolos a reducir el uso del transporte público o a buscar alternativas.
“Por ejemplo, un pasaje que valga $3.000 tendría que aumentar a $4.000 o $4.100, golpeando muy fuerte el bolsillo de los hogares y presionando a los mismo para que disminuyan estos consumos o que tengan que sustituir el medio de transporte”, dijo Hernández a Red+ Noticias.
Este incremento en el costo del Acpm no solo afecta a los vehículos particulares y de carga, sino que también repercute en el uso diario del transporte público en las ciudades y en los servicios intermunicipales.
La posible alza en los pasajes ha suscitado preocupación entre los usuarios habituales del transporte público y en las comunidades que dependen de estos servicios para sus desplazamientos diarios.
En respuesta a esta situación, el gremio de transportadores anunció un paro el próximo viernes 30 de agosto en 19 ciudades del país.
La protesta busca presionar al gobierno para que retome las negociaciones y ofrecer soluciones ante la falta de garantías para trasladar los sobrecostos y la recesión económica que afecta al sector.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda se encuentra discutiendo las posibles afectaciones que este aumento en el precio del diésel podría tener en las empresas de transporte de carga y en el sistema de transporte público. Aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.
Además, la Contraloría General de la República manifestó su rechazo a la medida de congelar las tarifas de los pesos, lo que también podría afectar la economía de muchas familias colombianas, sumando otra capa de complejidad a la situación actual.
El reciente aumento de los combustibles líquidos, que también incluye la gasolina motor corriente y la gasolina motor oxigenada, osciló entre los $2.000 y $3.000 y originalmente sólo afectaba a los grandes consumidores como empresas petroleras, mineras y cementeras. Sin embargo, la expansión de esta medida a vehículos particulares y de carga amenaza con tener un impacto generalizado en la economía y en la cotidianeidad de los colombianos.
El conflicto entre el gremio de los transportadores y el Gobierno nacional persiste, y el ajuste en el precio del diésel por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sólo ha exacerbado las tensiones, con consecuencias que están empezando a sentirse en diversas capas de la sociedad.
Reajuste doble de peajes en Colombia: desafío para la financiación de vías
La indexación de peajes en Colombia es esencial para el mantenimiento de las carreteras. La Contraloría General de la República, en su comunicado del lunes 26 de agosto, señaló que la decisión del gobierno de congelar las tarifas podría generar un gasto de un billón de pesos al presupuesto nacional. Esta medida, según la entidad de control, afectará tanto la continuidad de las obras de infraestructura vial como el presupuesto del país.
Hasta ahora, los ajustes en las tarifas se efectuaban en enero de cada año, tomando como base la inflación del año anterior. De acuerdo con este sistema, en enero de 2023, las tarifas de los impuestos debían incrementarse en un 13,12%, correspondiente a la inflación de 2022, y en enero de 2024, el ajuste previsto era del 9,28%.
Sin embargo, el Decreto 050 de 2023 congeló estos incrementos hasta enero de 2024, medida que obligó a un doble ajuste durante este año: uno en enero basado en el IPC de 2022 y otro en agosto conforme al IPC de 2023.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sólo aplicó un ajuste parcial del 4,64% en lugar del incremento completo del 9,28%, programado para agosto. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, el no incremento de las tarifas de acuerdo al IPC resultaría en un déficit fiscal que tendría que ser cubierto por la Nación. Esto implicaría que todos los colombianos, independientemente de si usan o no las carreteras, deban costear su operación, construcción y mantenimiento a través de sus impuestos.
