El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha acudido este domingo a las urnas durante la jornada de voto anticipado para las elecciones legislativas del 10 de marzo y ha pedido evitar un aumento de la abstención en los comicios, tendencia observada recientemente en otros países.
“En una democracia que cumple 50 años, es importante que no sigamos la evolución de democracias cada vez más viejas, que es el aumento de la abstención en elecciones que son todas muy importantes y, en ese sentido, que vote quien pueda votar”, ha declarado antes de hacer un llamamiento a los portugueses a ejercer su derecho a voto durante las jornadas establecidas.
Al ser preguntado sobre un posible escenario de ingobernabilidad después de los comicios, Rebelo de Sousa ha afirmado que “el pueblo portugués ha demostrado desde el 25 de abril (de 1974, fecha del fin de la dictadura) madurez y sabiduría, anticipando en muchos casos lo que muchas veces solo se percibe en el futuro”.
El mandatario conservador ha votado por primera vez de forma anticipada, en esta ocasión en la Facultad de Artes de la Universidad de Lisboa, al considerarlo un incentivo contra la abstención y tras cuatro meses de precampaña electoral, informa la agencia de noticias Lusa.
Inicialmente, el Ayuntamiento de Lisboa había preparado tres centros de votación para el “voto anticipado de movilidad”, pero ha terminado abriendo solamente el de Ciudad Universitaria, ya que las el número de las inscripciones estaban “significativamente por debajo de las previsiones”.
El número de personas registradas para este tipo de voto ha sido de 208.000, mientras que en 2022 fue de cerca de 316.000, aunque muy superior a los registrados en las legislativas de 2019, que se limitó a 56.000 electores. Este voto permite a los electores votar una semana con antelación. Más de 10,8 millones de portugueses están llamados a votar en la elección de 230 diputados a la Asamblea, donde compiten 18 fuerzas políticas.
Rebelo de Sousa decidió disolver el Parlamento tras reunirse con el Consejo de Estado –que no era partidario de esta opción– y representantes de los partidos el 9 de noviembre de 2023, dos días después de la dimisión presentada por el primer ministro, António Costa, tras conocer que estaba siendo investigado en el marco de la operación ‘Influencer’.
La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia investigan si Costa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias ante las sospechas de que pudo desbloquear la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas. No obstante, los fiscales reconocieron una “confusión” en la transcripción de los audios, al indicar que hablaban del ministro de Economía, António Costa Silva.
