En casi dos años de gobierno -los cumple en diciembre-, la presidenta Dina Boluarte ha asumido el cargo en medio de una de las crisis de seguridad ciudadana más graves en los últimos años. Tanto ella como su sexto ministro del Interior, Juan José Santiváñez, son los líderes de la lucha contra la criminalidad. Lamentablemente, los resultados hasta el momento no son alentadores.
Los problemas no son pocos y tampoco son fáciles de resolver: Estados de emergencia, que parecen no funcionar; mala imagen de la Policía Nacional del Perú, producto de agentes que cometen delitos; economías ilegales a nivel nacional; y el fracaso en la captura de Vladimir Cerrón son solo algunos ejemplos.
Mientras tanto, las críticas son descalificadas por la presidenta Boluarte, que califica a la prensa como ‘tendenciosa’, además del propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A inicios de julio, el titular del Mininter criticó a la prensa por no entrevistar a exministros que, según su criterio, “tienen historia” en el cargo.
Entre los nombres que dio en esa oportunidad, se encuentra Gastón Rodríguez, quien fue ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, y a quien Infobae Perú pudo entrevistar para conocer su opinión sobre qué se puede hacer para revertir la situación crítica en la que se encuentra el Perú en términos de seguridad ciudadana.
Estados de emergencia: Una medida insostenible y populista
La declaratoria del estado de emergencia en algunas zonas del Perú se ha convertido en una de las herramientas del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad. Esto, sin embargo, no supone una estrategia y mucho menos es una garantía de seguridad. De hecho, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, considera que esta es una medida populista y que no es sostenible en el tiempo.
“(…) No se puede sostener una medida que no está planificada. Eso es lo que hemos venido enfrentando todo el tiempo: las medidas populistas, medidas de impacto, pero que realmente no ponen el dedo en la llaga (…)”, indicó el ex titular del Mininter, que además sostuvo que “se apuesta a un estado de emergencia como medida para contentar al pueblo, como una medida populista que no tiene ni planificación ni soporte logístico. Cuando tú no tienes ninguna de esas dos cosas, entonces la medida está condenada al fracaso (…)”.
Si bien el año 2024 empezó con una declaratoria de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz (región La Libertad) por el aumento de la actividad de criminales como sicarios y extorsionadores, la región ya tenía acumulados 14 meses consecutivos en estado de emergencia exactamente por el mismo motivo. Infobae Perú lo reportó en febrero que el gobierno de Dina Boluarte decretó prórrogas consecutivas de esta medida excepcional desde enero del año 2023.
Sin embargo, la excepción se volvió la norma y en 2024 ya se ha decretado una nueva prórroga de los estados de emergencia de Trujillo y Pataz, a la que se sumará la provincia de Virú, y que durará hasta el mes de agosto: un total de siete meses.
¿Cuál es la diferencia en este caso? En realidad ninguna. Según el exministro Rodríguez, estas declaratorias de emergencia suponen una redistribución de la fuerza policial que existe. Los agentes de la PNP dejan de lado ciertas actividades para centrarse principalmente en el cumplimiento de lo decretado por el Consejo de Ministros.
“Los efectivos policiales tienen que redistribuirse para dedicarse a estas acciones específicas especiales (…) como son medidas paliativas y de impacto para satisfacer las medidas populistas del gobierno, no tienen un efecto en el tiempo porque esa gente tiene que retornar a sus unidades”, indicó a Infobae Perú. Este, según el exministro, es el motivo por el que muchas veces se puede ver en medios de comunicación a personas quejándose de la baja presencia policial en una zona.
Si bien el foco de la atención se centra en La Libertad por la actividad de la minería ilegal y organizaciones criminales; otras zonas, como Zarumilla (región Tumbes), que tiene frontera con Ecuador; y la región Puno, también fueron declaradas en emergencia por este gobierno.
Infobae Perú ya se contactó previamente con los alcaldes de Zarumilla, e incluso con otros distritos limítrofes como Sullana y El Cenepa y todos coincidieron en que, aun con el estado de emergencia, la criminalidad -incluyendo extorsiones, sicariato, crimen organizado y tráfico de drogas- no había cesado en sus jurisdicciones y tuvieron que improvisar planes de acción para garantizar la seguridad en sus territorios.
CONASEC: Posible solución, pero solo en teoría
En medio de debates sobre la implementación del ‘Plan Bukele’ en Perú para luchar contra la inseguridad ciudadana, y un ficticio ‘Plan Boluarte’ que fue referenciado por el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la mandataria decidió enviar al ministro de Justicia, Eduardo Arana, a El Salvador en febrero de este año con la intención de “intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”, pero que a la fecha, varios meses después, no se han traducido en acciones reales para abordar la problemática.
En este contexto, apenas en junio del 2024 se desarrolló la segunda sesión del año del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), una organización que reúne en pleno a las máximas autoridades del país para tomar acciones concretas a favor de la seguridad y con el titular de la PCM -ahora Gustavo Adrianzén- a la cabeza.
Pese a que una de las labores del Conasec es elaborar un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana cada cinco años, Infobae Perú puede confirmar que, desde diciembre del año 2023, el Perú no posee este documento, que recoge información sobre el estado actual de la seguridad a nivel nacional y establece metas anuales para controlarla, pues el último Plan tuvo vigencia solo hasta el año pasado.
Aun así, para el exministro Rodríguez, el Conasec es una herramienta que funciona ‘en la teoría’, pero que en la práctica no ha sido capaz de controlar la inseguridad ciudadana, en principio por un problema grave que afecta al gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió el cargo: el (carente) liderazgo de la mandataria.
“Es la mejor forma teórica de atacar el problema de la inseguridad. Resalto “teórico” porque en esa estructura tú tienes a la presidenta, a los comandantes generales, a los gobernadores (…) cuando ese direccionamiento, que en teoría debería funcionar, no funciona, es porque: no se le da la real importancia, no hay un seguimiento, y no hay un respaldo político. Por eso fracasa”, afirmó el exministro Rodríguez a Infobae Perú.
En ese sentido, el ex titular del Interior sostuvo que es precisamente el factor del liderazgo lo que ocasiona que estas “estructuras diseñadas por los tecnócratas, de forma bien intencionada, no sean ejecutadas porque no hay quien las lidere”.
De esta forma, aunque haya ‘líderes’ a cargo del Conasec o de sus variantes en regiones (Coresec), provincias (Coprosec) y distritos (Codisec), si estos no ejercen el liderazgo de manera competente, por más que exista un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, no se tomarán acciones reales contra la criminalidad. Un escenario oscuro de cara a los próximos dos años en los que la presidenta Dina Boluarte estará a cargo de las acciones que tome el gobierno para luchar contra el crimen.
“Ser elegidos como alcaldes no los empodera en un conocimiento sobre seguridad. Por eso es que hablan de serenos armados, o que van a poner 15 mil cámaras en su distrito. No conocen en esencia lo que es la seguridad. Todo esto es parte de lo que vivimos como sociedad y como país. Si no hay un líder que sea firme en ordenar la casa desde el más alto nivel vamos a seguir en lo mismo”, afirmó Rodríguez.
Liderazgo: El problema de Dina Boluarte que afecta a la lucha contra el crimen
Para el exministro Rodríguez, el hecho de que la presidenta Dina Boluarte carezca de una aptitud de liderazgo no es nuevo y, de hecho, se considera como una deficiencia evidente.
Esto se demuestra claramente en dos hechos concretos: la declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres de manera remota -la mandataria se encontraba en Estados Unidos- en septiembre del 2023; y el manejo de la emergencia generada por un sismo de magnitud 7 en Arequipa mientras se encontraba en un viaje a China en junio de este año.
“Creo que debemos de remontarnos a la forma en la que la presidenta actual accede al cargo que tiene de una manera imprevista (…) la calidad de conocimientos y de experiencias que se vierten en un Consejo de Ministros tienen que ser perfectamente comprendidas por quien dirige el país y el presidente es quien va direccionando la dinámica de esas reuniones y no al revés (…) la presidenta ha tenido que aprender a gobernar y el Perú no está para aprendizajes en la más alta magistratura del Estado sino para gente que realmente entre a gobernar”
Según Gastón Rodríguez, la presidenta Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, podrían mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de la Policía Nacional mediante acciones que los “empoderen”, como un eventual aumento en su sueldo o realizando una mayor inversión en su equipamiento para mejorar la moral de los encargados de cuidar a la ciudadanía.
Relación ‘compleja’ entre el Mininter con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación
En días recientes, producto del fracaso de la Policía Nacional en la captura de Vladimir Cerrón en un domicilio en Huancayo, el ministro del Interior y el Presidente del Poder Judicial se enfrentaron con declaraciones públicas en la prensa.
Mientras que el ministro Santiváñez afirmaba que esto se debía a la demora del Poder Judicial para emitir una orden de allanamiento, el presidente del PJ, Javier Arévalo, respondió indicando que “la incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros. Nosotros (el Poder Judicial) no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, afirmó en contacto con la prensa que se encontraba en el lugar.
Ante esto, el exministro Rodríguez sostuvo que el sistema de justicia en el Perú no es el adecuado, pues permite que los delincuentes puedan volver a las calles y volver a cometer delitos. Esto es precisamente lo que genera que tanto la Policía Nacional, el Poder Judicial, y el Ministerio Público, tengan una mala imagen y pierdan la credibilidad de cara a la ciudadanía.
“Si tú no le brindas la seguridad (a los agentes de la Policía) en poco tiempo, eso (las acciones de seguridad) se van a diluir y va a haber peligro en esa zona (…) lo que se quiere es ofrecer una gama de posibilidades debidamente respaldadas con estructuras de seguridad, pero eso es esperar hasta el 2026″, indicó el exministro a Infobae Perú.
Gastón Rodríguez también sostuvo que “lamentablemente, estamos en un estado de emergencia como país ya hace un buen tiempo y esperemos que la Presidenta pueda reaccionar en este 28 de julio y de algún mensaje que realmente sea concreto de cómo se va a enfrentar la lucha contra las organizaciones criminales”
“Un poco difícil que se produzca en este gobierno por la cantidad de problemas y cuestionamientos que tiene la Presidenta, pero el próximo mandatario tiene que tomar al toro por las astas en forma inmediata, comprarse el pleito y poner orden en este país”, dijo el exministro a Infobae Perú.
En pocas palabras, la lucha contra la inseguridad ciudadana, al menos en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, estaría perdida, salvo que -como menciona el exministro Rodríguez- “en este mensaje por fin se le ilumine a la Presidenta”.
Otra opción sería que deje el cargo, aunque los continuos pronunciamientos públicos de la mandataria en los que garantiza que gobernará hasta el 2026 descartan esta posibilidad. Mientras tanto, el Perú deberá esperar a que el próximo presidente o presidenta tome acciones urgentes.
Vladimir Cerrón: La cruz de cuatro ministros del Interior
El caso de Vladimir Cerrón es una de las prioridades para el Ministerio del Interior. No solo porque el líder de Perú Libre lleva prófugo 291 días (escrito el 24 de julio. Actualizar número de días en edición), sino porque es uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse la gestión del ministro Santiváñez y que no pudieron resolver tres de sus predecesores: Vicente Romero, Víctor Torres Falcón, y Walter Ortíz fallaron en la búsqueda y captura del sentenciado por corrupción por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
El problema no es solo que Cerrón esté libre, sino que el ex gobernador regional de Junín habría conseguido escapar de la justicia hasta nueve veces, lo que podría significar -al menos para el exministro Rodríguez-, que la estrategia de ‘compartimentar la información’ relacionada con la búsqueda del prófugo no está funcionando.
“Es un compromiso que tiene que asumir tanto el sector Interior como la PNP. Se tejen versiones de que se habría filtrado información de inteligencia que permitiría capturarlo (a Vladimir Cerrón). Ante esta situación tiene que reforzarse el compartimentaje de la información de quienes están manejando la información respecto a Cerrón con la reserva que el caso amerita (…) La PNP tiene que demostrarle al país que verdaderamente lo puede hacer”, sostuvo en conversación con Infobae Perú.
El exministro también sindicó que “el propio ministro tendrá que desvirtuar o corregir esas situaciones para no ser un ministro que no cumple lo que promete. Si la pista es certera, si la información es certera, estoy seguro de que la Policía lo va a capturar siempre y cuando esté en el país (…) Si el ministro ha desvirtuado (los chats que Cerrón envió a congresistas y al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia), creo que en realidad está evaluando toda la información que tiene y definitivamente las estrategias no se dan a conocer porque se puede complicar la ubicación del objetivo”.
Por lo pronto, nada parece indicar que el ministro Santiváñez o la Policía Nacional esté cerca de capturar a Cerrón, sino que más bien, habrá que esperar a que algo suceda para saber si el titular del Mininter logra su objetivo o si suma un número más a la cantidad de ministros que intentaron -sin éxito- capturar al líder de Perú Libre.
