El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes una serie de reformas que cambiarán significativamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país centroamericano. Es que, a partir de ahora, las ONG deberán formar “alianzas” con las instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
El paquete de modificaciones fue impulsado por el régimen, y aprobado de forma urgente y unánime por los 91 diputados apenas 24 horas después de que Daniel Ortega disolviera 1.500 ONG, en una acción que se enmarca dentro de una política de asfixia contra las organizaciones no gubernamentales.
Las tres leyes modificadas son la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Concertación Tributaria.
De acuerdo con el nuevo marco legal, las ONG deberán presentar sus propuestas de colaboración a las entidades públicas a través de los ministerios correspondientes, como el Ministerio del Interior o la Cancillería, dependiendo de la naturaleza del proyecto.
En cualquiera de los casos, la dictadura se reserva el derecho de aceptar o rechazar estas propuestas.
Los cambios en la legislación implican además que el régimen debe autorizar cada alianza, supervisar su ejecución y, al culminar un proyecto, las ONG podrán proponer nuevas alianzas “siempre que se ajusten a su área de acción”.
“A partir de la fecha las ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘Alianzas de asociación’”, había adelantado el pasado viernes la vicepresidenta nicaragüense y primera dama, Rosario Murillo.
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Desde las protestas que sacudieron al país en abril de 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de cerca de 5.200 organizaciones no gubernamentales, incluyendo católicas, defensoras de la diversidad sexual y asociaciones de militares retirados.
Entre las 1.500 ONG canceladas este lunes, se encuentra la Asociación Caritas Diocesana de Granada, Asociación Mariana del Santuario de la Virgen de Cuapa, Asociación Teresiano Carmelitana de Nicaragua, Asociación Tabernáculo Bautista de Nicaragua Amigos de Israel, Asociación Tabernáculo Bíblico Bautista Luz de Israel, la Asociación de Ministerios Evangélicos Hispanos Amigos de Israel, Club Rotario de Granada y Fundación Casa de los Tres Mundos.
También la Asociación Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Unión Nicaragüense de Cafetaleros, Asociación de Cafetaleros de Masatepe, Asociación de Hoteles de Nicaragua, Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense, Asociación Autónoma de Mujeres, Asociación Movimiento Indígena de Monimbó, Asociación Mayagna Sauni as Kaluduhna, y Asociación de Discapacitados Indígenas del Caribe.
Asimismo, la Asociación de Jubilados y Pensionados Camilo Ortega, Asociación de Hombres y Mujeres Combatientes de la Resistencia Nicaragüense, Asociación de Cumplidores del Servicio Militar Patriótico del Departamento de León, Fundación de Oficiales Superiores en Retiro y Exoficiales de la Policía Nacional, y la Asociación Nicaragüienses de Periodistas Parlamentarios.
La crisis política y social en Nicaragua se ha intensificado desde las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Sus principales oponentes fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país, privándolos de su nacionalidad y derechos políticos, bajo acusaciones de “traición a la patria”.
Las reformas y la disolución de ONG reflejan el ambiente tenso y restrictivo en el entorno de la sociedad civil en Nicaragua. La oposición y diversos organismos internacionales han criticado estos movimientos como un ataque a la libertad de asociación y a los derechos humanos.
El caso de Venezuela: “Es el modelo Nicaragua”
En Venezuela ocurre algo similar. El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, tras unas elecciones que la oposición tildó de fraudulentas luego de la proclamación de Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya presentado las actas.
La norma contempla que los grupos deben inscribirse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías -como antes-, pero ahora deberán declarar “si su financiamiento es o será realizado, total o parcialmente, a través de personas naturales o jurídicas extranjeras”. Además, advierte que se prohibirá la inscripción a las organizaciones que promuevan “el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnico, religioso, político, sociales, ideológico, de género”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido horas antes que las autoridades no adoptaran “estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”.
En diálogo con Infobae, un académico que también hace activismo en materia de derechos humanos y que por razones de seguridad pidió mantenerse en el anonimato, distinguió tres fases en el ataque y erradicación de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Indicó que “la primera es la de ‘criminalización genérica’, que comienza en 2013, con la denuncia del gobierno contra el sistema interamericano. Allí ya el tema de derechos humanos se convierte en un blanco militar para ellos. Todo el que trabaje por el respeto a los derechos humanos es considerado un traidor o terrorista, lo que impera es una razón de Estado, único ente sujeto de derechos para el gobierno”.
“Entonces ya desde ese tiempo se venía construyendo todo este cerco al espacio cívico, en dónde cualquier ente independiente es considerado un peligro. Por eso, por ejemplo, han destruido y mermado presupuestariamente a las Universidades Públicas, perseguido gremios y sindicatos, cerrado medios de comunicación y los pocos que quedan en pie lo están bajo una censura previa brutal. Eso, aunado a la situación económica del país, ha sido una combinación terrible para el desarrollo de la sociedad civil organizada. Las ONG de alguna manera han intentado llenar esos vacíos. Mientras tanto, durante los últimos años en el país, de facto, no se pueden registrar nuevas asociaciones civiles independientes del gobierno”, agregó el activista.
Luego manifestó que “la segunda etapa no está dirigida por el gobierno, sino por la comunidad internacional. La podríamos definir como ‘el abandono’. El contexto en el que se enmarca la actual coyuntura, tanto para la sociedad civil, como para los que hacemos investigación académica, ha sido terrible: el mundo post COVID, la guerra de Ucrania, Gaza y el desgaste sobre Venezuela, hizo que esta última saliera de la agenda y con ello también se retiraron todos los apoyos y financiamientos para la sociedad civil y el trabajo de defensa de derechos humanos. Lo que ha afectado gravemente las capacidades internas de estos sectores dentro del país. Este retiro del apoyo para el país ha sido más eficiente para reducir a las ONG que cualquier legislación. En nuestro caso, llevamos dos años sin financiamiento alguno, nuestro trabajo es voluntario, autofinanciado, y con la precariedad de la vida cotidiana es cada vez más difícil de sostener”, detalló.
Por último, sostuvo: “Y así llegamos a la tercera y actual fase: ‘la erradicación’. Ahora, con la nueva legislación, avanzamos a otro nivel, el de erradicación de las ONG que han sobrevivido a este devenir. Donde no sólo se imposibilita la creación de asociaciones civiles independientes y autónomas, además las ya existentes serán borradas y deben iniciar sus trámites de registro prácticamente desde cero, dependiendo ahora de la voluntad y discrecionalidad del gobierno su existencia como personas jurídicas formales. Una vez desprovistas de su personalidad jurídica se criminalizan y se persigue penalmente a sus integrantes. Es el modelo Nicaragua”, definió.
Y concluyó: “Esto impacta no sólo a mucha clase media profesional, que no tendrá otra opción que migrar para ganarse la vida, afectará principalmente a los destinatarios y beneficiarios del trabajo humanitario de estas organizaciones. En especial en esta fase tan regresiva del país en materia de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos en el mundo, especialmente en el sur global, se sostiene gracias a la cooperación internacional. El caso argentino es emblemático. El argumento de criminalizar estas formas de financiamiento busca acabar con la existencia y el mantenimiento de estas organizaciones”.
