En más de 20 horas de interrogatorios, Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hizo graves revelaciones acerca del papel del actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según Noticias Caracol, Pinilla afirmó que Bonilla estaba al tanto de los manejos irregulares dentro del organismo.
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Durante su declaración ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, Pinilla detalló cómo se idearon emergencias inexistentes para adjudicar miles de millones de pesos. En una de sus intervenciones, Pinilla aseguró que en menos de 20 días antes de terminarse el 2023, el Ministerio de Hacienda transfirió 700.000 millones de pesos a la Ungrd. Según el exdirector de la entidad, esta operación se realizó bajo el conocimiento y la aprobación de Ricardo Bonilla y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de aquel entonces.
Pinilla relató que el “previo concepto” mencionado en la resolución del Ministerio, bajo la cual se transfirieron los 700.000 millones de pesos, supuestamente corresponde a un acta de comité aprobada tanto por el director del Dapre como por el ministro Bonilla. Esto contradice el procedimiento habitual, en el cual debería ser la Ungrd la que presentara las necesidades específicas de inversión al ministro y al director del Dapre.
- Fiscal Patiño: “¿Qué significa dentro de la resolución a través de la cual el Ministerio le hace la transferencia de los 700 mil millones de pesos a la Ungrd (…) allí donde dice la transferencia de los 700.000 millones de pesos con destinación específica y previo concepto del ministro de Hacienda?”.
- Sneyder Pinilla: “El previo concepto es un acta de comité que es aprobada por el director del Dapre y el ministro Ricardo Bonilla para aprobar los recursos de cómo se va a invertir esos 700.000 millones de pesos. Se supone que es a la inversa. La Ungrd tiene que ir a decirle al ministro y al director del Dapre: estas son las necesidades que tengo, por favor, me aprueban el presupuesto. No, aquí fue al revés”.
La resolución a la que se refiere Pinilla es del 11 de diciembre de 2023, en la cual el Ministerio de Hacienda hizo el expedito desembolso. Según Pinilla, parte de esos recursos tenían como propósito el pago de congresistas a través de contratos en tres municipios.
El exfuncionario describió cómo Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, confirmó el interés del ministro de Hacienda, Bonilla, en adjudicar a tres contratos, en particular junto con un monto adicional de 200.000 millones de pesos.
La declaración de Pinilla especificó que los contratos en cuestión eran para las localidades de Cotorra, Saravena y El Salado. Según su testimonio, después de una reunión en la oficina de Olmedo López, este le indicó que había hablado con Bonilla, quien enfatizaba la prioridad y urgencia de estos contratos, incluso en medio de emergencias inventadas para justificar las partidas. De acuerdo con Pinilla, fue durante una videollamada que López le detalló cuáles eran los contratos prioritarios, y Bonilla designó a su asesora, María Alejandra Benavides, como enlace directo para asegurar la adjudicación.
Las acciones de Bonilla generaron presiones significativas desde altos niveles del Gobierno para la asignación de los 700.000 millones de pesos recién adquiridos, según relató Pinilla. Entre los implicados se menciona a Jaime Ramírez Cobo, asesor del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien urgió a Pinilla debido a la posible caída de los créditos de la Nación si los contratos no se ejecutaban a tiempo.
La Fiscalía insistió en aclarar el grado de conocimiento y la implicación de Bonilla en cada fase del proceso contractual. Pinilla reiteró que las instrucciones y nombres de las personas y municipios afectados provenían directamente del ministro a través de su asesora Benavides. Este esquema operó bajo la premisa de emergencias ficticias que facilitaban la liberación de fondos, aunque Pinilla confirmó que ninguna de las situaciones realmente calificaba como tal.
En un momento crucial del interrogatorio, Pinilla reportó que Olmedo López, durante una videollamada, le mostró una hoja amarilla con los nombres de los municipios y los valores estipulados. Posteriormente, se llevaron a cabo múltiples comunicaciones con la delegada del ministro de Hacienda para garantizar el seguimiento y la prioridad de estos contratos.
Ante las interrogantes de la fiscalía sobre la transparencia del proceso y el conocimiento del ministro Bonilla, Pinilla aseguró que la supervisión constante recaía sobre Benavides, quien operaba como intermediaria directa y canal de información hacia el ministro. Además, reveló las amenazas financieras que mostraban la importancia de ejecutar estos contratos rápidamente, apoyando sus declaraciones con mensajes y comunicaciones documentadas en WhatsApp.
Finalmente, la polémica estalló con el escándalo de los carrotanques, momento en que Pinilla y Olmedo abandonaron la entidad sin haber firmado los mencionados contratos.
