El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz en el Senado de los socialistas, Juan Espadas, ha aducido este viernes que el acuerdo parlamentario con EH Bildu para la reforma de la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, denominada coloquialmente como Ley Mordaza, responde a “un compromiso electoral del Partido Socialista y del presidente del Gobierno”.
Espadas ha esgrimido que “no era un asunto fácil” y que “el Gobierno se está esforzando en acercar posturas para que puedan ser votadas por una mayoría de diputados”, incluyendo también a los sindicatos policiales críticos por el acuerdo con EH Bildu.
“Ya veremos en qué término finalmente queda el texto”, ha apuntado Espadas, quien se ha mostrado convencido de que “a colectivos, como el caso de los sindicatos, se les va a escuchar y se les ha escuchado”, paso previo a intentar que “pueda reflejarse en una posición equilibrada o unificada”.
En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en la reunión del Consejo Municipalista del PSOE andaluz, Espadas ha sustentado la necesidad de reformar la Ley 4/2015 en el hecho de que se trataba de un texto legal que “plantea claramente una afección a derechos individuales”, por lo que ha inferido que “merecía y así nos habíamos comprometido a hacer una propuesta”.
El también portavoz del PSOE en el Senado ha reconocido que “las propuestas deben negociarse” con la situación de fondo “del arco parlamentario ahora mismo en el Congreso”, para considerar que se trata de “un primer acuerdo” y por ello “hay margen para poder analizar distintas opiniones en el juego”.
“Creemos que esa ley claramente afectaba a derechos individuales”, ha remarcado el líder de los socialistas andaluces, quien ha defendido en consecuencia que es “coherente” que el Gobierno “plantee su derogación o su modificación”.
INCAPACIDAD TEMPORAL
Cuestionado por los medios de comunicación por otro tema de actualidad nacional como la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de llevar a la negociación con los agentes sociales sobre determinadas situaciones de incapacidad temporal, ha abogado por “estudiarla en profundidad y ver si resuelve un hueco, un vacío legal o una problemática”, por cuanto ha argumentado seguidamente que el primer cometido del ordenamiento jurídico “es resolver problemas que están en la realidad social”.
Espadas ha sostenido que “hay determinadas circunstancias que no están claras entre la baja o el alta, que es lo que explicó la ministra”, para alegar aquí que “lo que planteó la ministra fue analizar la posibilidad de una situación de transición”.
“Yo esperaría a la concreción de esto y sobre esa propuesta el Gobierno trabajará porque algo que se introduce en el debate hasta que se convierte en una propuesta del Ejecutivo que se aprueba en un Consejo de Ministros, tiene muchos informes y mucho análisis, mucha cocina”, ha aseverado a este respecto, por lo que ha remachado que “ahí está lanzado el debate”.
