La Comisión Europea ha aprobado este miércoles su paquete de primavera del semestre europeo en el que se señala a los países con déficits públicos excesivos y con desequilibrios macroeconómicos. La publicación da dos buenas noticias a España en el primer año de aplicación de las reglas fiscales tras la suspensión iniciada en 2020 con motivo de la crisis de la pandemia y el necesario gasto público para hacerle frente. En primer lugar, España evita estar entre los países a los que se le abre un procedimiento de déficit excesivo, una decisión que el Ejecutivo comunitario toma en función de la cifra de déficit con la que los países cerraron 2023 y de otros condicionantes.
España finalizó 2023 con un déficit del 3,6%, tres décimas menos de lo previsto, pero por encima del umbral exigido por el tratado. Según explican fuentes del Ministerio de Economía, esquivar el procedimiento ha sido posible porque se ha convencido al Ejecutivo comunitario para que tenga en cuenta la tendencia descendente tanto del déficit como de la deuda pública registrada en los últimos años y proyectada para los siguientes. Según las previsiones de ambos organismos, España alcanzará un déficit del 3% en 2024 y en 2025 caerá al 2,5%, según el Gobierno, y al 2,8%, según la Comisión.
Bruselas sí ha abierto procedimiento de déficit excesivo basado en el déficit a siete Estados miembros: Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. España ha logrado volver a las reglas fiscales esquivando el expediente, siendo 2018 el último año en el que se produjo una apertura (que puede dar lugar a sanciones), ya que el déficit de 2019 cerró en el 2,6%. Los países incluidos en el procedimiento deberán hacer un ajuste estructural del 0,5% del PIB anual hasta quedar por debajo del 3%, escenario que dadas las previsiones España cumplirá de manera inercial, por lo que el incumplimiento solo sería “temporal”, reconoce Bruselas.
Este desenlace de los acontecimientos es mejor que el proyectado por la mayor parte de los organismos en los últimos años, dados los elevados niveles de déficit que España llegó a alcanzar en 2020 (-10,1%) y el aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB hasta el 120,3% en dicho año. Cabe señalar que otros tres países tampoco han recibido el expediente por déficit excesivo pese a superar el 3% en 2023: Estonia (3,4%), República Checa (3,7%) y Rumanía (6,6%).
En segundo lugar, Bruselas ha decidido sacar a España (y también a Francia y Portugal) de la vigilancia especial por desequilibrios macroeconómicos después de que nuestro país estuviera incluido en este ámbito desde 2012. “Las vulnerabilidades han disminuido en general”, señala el comunicado de la Comisión. Para esta decisión, Bruselas ha tenido en cuenta el descenso del endeudamiento privado; del déficit comercia; los superávits por cuenta corriente y la mejora del mercado laboral, aunque España sigue siendo el país con mayor tasa de paro de la UE. Desde el ministerio de Economía celebran estas decisiones e inciden en que España tiene ahora un modelo de crecimiento equilibrado y gestión responsable.
El ajuste fiscal se hará igualmente
No obstante, que España no sea señalada por estos dos motivos no significa que se libre del ajuste estructural que debe hacer a medio plazo. Como el resto de países, España deberá presentar un plan fiscal de cuatro o siete años antes del 20 de septiembre de 2024 en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales y en él se deberá garantizar que la ratio de deuda desciende como mínimo un punto porcentual durante los próximos 15 años. Dado que las proyecciones tanto de la AIReF como de otros organismos (incluida la Comisión Europea) prevén que este escenario no se produzca sin medidas adicionales, España tendría que hacer un ajuste fiscal.
Según proyecta la AIReF y da por bueno el FMI, España tendrá que ajustar unos 9.000 millones anuales en cuatro años (un 0,6%) o menos, alrededor de 5.000 (un 0,4%) si el ajuste es en siete. El Gobierno no habla explícitamente de ajuste, pero ya se marca 2027 para que España vuelva a una ratio de deuda del 100%. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esto se conseguirá por el crecimiento económico, pero también por “responsabilidad fiscal” y superávits presupuestarios, aunque habrá que esperar a septiembre para conocer los cálculos concretos del Gobierno.
