Barcelona, San Sebastián, Canarias, Baleares, Cádiz o Málaga son algunos de los lugares donde se han celebrado multitudinarias manifestaciones para protestar contra un modelo de turismo “insostenible que solo genera riqueza a las grandes empresas” y que ha disparado los precios de la vivienda. Un modelo que, en definitiva, no prioriza el bienestar de la ciudadanía. Y esto va a ser solo el principio, según advierten algunos expertos, ya que ante un verano en el que España espera un nuevo récord en turistas extranjeros, “el problema se agudizará y la respuesta será el conflicto social”.
De hecho, los colectivos que impulsaron las manifestaciones del pasado 20 de abril en Canarias han anunciado este jueves que después del verano retomarán las marchas en contra de ese modelo “depredador del territorio” y ante la “inacción” de las instituciones, porque “nada ha cambiado”, aseguran, desde hace décadas. En esa línea, critican que los gobiernos no han dudado en rechazar sistemáticamente sus reivindicaciones, entre las que destacan una moratoria turística, la limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes o la paralización de proyectos que incumplen la normativa ambiental y urbanística, y por el contrario, “han continuado los abusos al territorio como la aprobación de nuevas licencias de hoteles, la derogación de la Ley de Cambio Climático o el avance del modelo energético centralizado”.
Para el geógrafo Ernest Cañada, el problema no es que haya muchos o pocos turistas, sino que “toda la economía y el territorio se transforma para las necesidades del capital”. “La turistificación, que no es lo mismo que el turismo masivo, genera un modelo de desarrollo económico al servicio de las grandes empresas, ya sean fondos de inversión, cadenas hoteleras o plataformas como Airbnb, que acaba perjudicando la vida de la gente de muchas maneras”, afirma el investigador postdoctoral de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y miembro fundador del colectivo Alba Sud. En ese sentido, un punto clave es la vivienda, pues la turistificación ha incrementado de forma considerable tanto el precio del alquiler como el de compra y, en muchos casos, ese negocio se traduce en la expulsión de los vecinos de los barrios, añade. “Esto implica también la pérdida de tejido comercial de proximidad y aglomeraciones en el transporte público, así como ruidos y dificultades en el descanso”.
Además, indica Cañada, el trabajo que genera este tipo de turismo tampoco supone unas mejores condiciones de vida para la gente, pues se trata de “empleos extremadamente precarios”, con horarios que acaban girando en torno a las necesidades de esa industria. “La turistificación termina con el derecho a poder vivir donde has construido tu vida, donde has nacido o donde te has trasladado para trabajar”.
Dos etapas de protestas
Si bien el primer ciclo de protestas por el derecho a una vivienda digna se produjo en España entre 2014 y 2017, ya que la crisis inmobiliaria y de la construcción de 2008 se resolvió en parte con una dinámica de turistificación global, el segundo ciclo comenzó después de la pandemia “a partir de una fuerte reactivación turística”, lo que ha generado un nuevo hartazgo social, un nuevo malestar entre la población que “dará lugar a más protestas”, más aún teniendo en cuenta que este verano se pueden batir récords de llegadas turísticas.
(Álex Zea / Europa Press/)
A diferencia de otros momentos, añade el experto, es que actualmente cada vez hay más dificultad para garantizar a largo plazo esta dinámica turística, lo cual está relacionado con “la crisis climática, la crisis de las cadenas globales de suministros y las tensiones geopolíticas” y, por tanto, “está en entredicho que este modelo de desarrollo turístico basado en la subvención para los vuelos baratos se pueda seguir manteniendo”. Por esta razón, apunta Cañada, las grandes empresas y las administraciones públicas ya han empezado a cambiar de estrategia, “apostando por un turismo de alto poder adquisitivo”, pero esto genera nuevos problemas y no resuelve la cuestión de fondo, advierte, porque “la turistificación puede ser para ricos o para clases medias, pero la dinámica acaba siendo la misma”.
“Los gobiernos, en lugar de impulsar estrategias para atraer un turismo de alto poder adquisitivo que solo genera desigualdad, deberían aplicar políticas de turismo social y atender las necesidades de la población”, también en lo que se refiere a sus vacaciones, porque “hay un 30% de la población que no puede permitirse irse una semana de viaje”, y eso también aumenta el malestar, asegura. “Estamos ante una situación en la cual el conflicto social se va a agudizar y vamos a tener un verano bastante caliente, no solo en términos de temperatura”, concluye.
