Expertos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y especialistas de la sociedad civil coincidieron que las prácticas de tortura persisten como médoto de investigación en el país, aplicándose de manera generalizada en espacios de detención, estaciones migratorias y centros penitenciarios.
Durante su participación en el podcast “Te Escuchamos”, que se difunde en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la representante de la Organización Mundial contra la Tortura, Olga Guzmán, y la titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, Sofía de Robina Castro, señalaron que las violaciones a los derechos humanos son cometidas por diversas autoridades de distintos niveles.
Sofía de Robina Castro enfatizó que la tortura es uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos debido a su impacto en la integridad física, emocional y psicológica de las personas. Es una doble injusticia que afecta tanto a la víctima directa como a la sociedad, privándola del derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos.
Para de Robina Castro, el IFDP centra sus esfuerzos en abordar los casos de tortura relacionados con procesos penales, donde se utilizan como métodos para fabricar pruebas y culpables, violar la presunción de inocencia y castigar a presuntos delincuentes. E
sta práctica es considerada un delito de “realización oculta”, lo que implica que generalmente ocurre en lugares poco visibles para otras personas que podrían denunciarlo.
Actualmente, el IFDP trabaja en la atención de estos casos mediante la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, creada en 2019.
Por su parte, Olga Guzmán reconoció que, a pesar de los avances, persisten desafíos significativos para erradicar esta práctica.
Señaló que se han implementado medidas como la promulgación, en 2017, de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la regla de exclusión de prueba, lo que posiciona a México a la vanguardia de la región en cuanto a su marco normativo.
Las expertas coincidieron en la necesidad de que las autoridades escuchen y atiendan las denuncias de las víctimas y sus familias. Según de Robina Castro, esto es fundamental para desarrollar mecanismos efectivos que impidan futuras violaciones a los derechos humanos”. Esta postura subraya la importancia de la intervención de organismos de defensa pública y organizaciones civiles en la detección y denuncia de casos de tortura.
Guzmán añadió que la comunidad internacional debe seguir presionando para que se cumplan los estándares internacionales en derechos humanos. “La tortura no solo es inaceptable desde cualquier perspectiva ética o legal, sino que también socava la confianza en el sistema de justicia”, subrayó.
Ambas especialistas enfatizaron que la tortura no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene consecuencias sociales más amplias. Según Olga Guzmán, “cada caso de tortura es una afrenta contra el tejido social y un obstáculo para el desarrollo de una justicia efectiva”. Este fenómeno, además de ser una violación flagrante de los derechos humanos, impide el acceso a la verdad y perpetúa la impunidad.
Finalmente, Guzmán y de Robina Castro destacaron que erradicar la tortura es un proceso que requiere la colaboración de todas las partes involucradas: gobierno, instituciones de justicia, sociedad civil y comunidad internacional. Solo a través de esfuerzos coordinados se podrán implementar acciones efectivas para su prevención y sanción.
