El proceso de nulidad electoral, por presunta doble militancia en contra del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, ha generado mutuas acusaciones por presuntas irregularidades en el avance, que han sido de conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander. Los señalamientos provienen tanto de quienes buscan anular la credencial del mandatario de Bucaramanga, como de quienes defienden la transparencia en la elección de Beltrán Martínez.
Esta pugna está a punto de llegar al ámbito penal, por cuenta de las denuncias de los abogados del alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, quienes afirman que tienen pruebas de un presunto fraude procesal ante una eventual suplantación de identidad de una de las coadyuvantes de la demanda de nulidad electoral, interpuesta por senador Fabián Díaz Plata. En contra del mandatario de Bucaramanga fueron radicadas cuatro demandas de nulidad (Juan Nicolás Gómez Herrera, Édgar Solier Millares Escamilla, Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, y el senador Fabián Díaz Plata). No obstante, el Tribunal Administrativo de Santander las unificó en un solo proceso.
En relación con la demanda instaurada por el congresista Fabián Díaz Plata, aparece como coadyuvante, María Elena Cano Lascarro, con cédula de ciudadanía expedida en Valledupar y residente, según la demanda, en Bucaramanga. Se le denomina coadyuvante a una persona o tercero que tiene pretensiones en apoyar, reforzar y ser parte de un proceso jurídico y administrativo.
Denuncia a la Fiscalía por caso de nulidad electoral en Bucaramanga
El abogado Hollman Ibáñez, quien representa al alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez en el proceso por doble militancia en las elecciones de 2023, denunció que María Elena Cano Lascarro no firmó su escrito de 28 páginas, con correo electrónico de notificación “nuevaesperanzaveeduria@gmail.com”, pese a que aparecen sus datos personales. Sostiene que esta persona no ha participado de manera activa de las audiencias ante la magistrada ponente Luisa Fernando Flórez Reyes.
El abogado Hollman Ibáñez afirma que al indagar la metadata (descripción estandarizada de las características de documento electrónico) del documento oficial radicado ante el Tribunal Administrativo de Santander a nombre María Elena Cano Lascarro se identificó que “el documento fue elaborado el 23 de mayo de 2024 a las 4:06 p.m. y fue modificado de un documento original titulado ‘Hoja de vida de Carlos Mario Santander Rojas mayo 2024′”. (Sic)
Ibáñez afirma que tiene serias dudas sobre el conocimiento real y la participación del proceso que pudiera tener la coadyuvante María Elena Cano Lascarro. “Nos llamó la atención que en la audiencia inicial ella se conectaba, pero cuando la magistrada pedía prender las cámaras, ella la apagaba y se desconectaba. Inmediatamente se conectaba Carlos Barajas (ex concejal de Bucaramanga por el partido Alianza Verde, que promueve la nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán). Estamos realizando labores investigativas y encontramos que uno de los escritos fue elaborado a partir de un documento con el nombre de Carlos Mario Santander Rojas. Nos pareció raro, qué tiene que ver el doctor Barajas…”.
Carlos Mario Santander Rojas es el actual director de la Unidad de Víctimas de la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander. Asegura que Carlos Barajas fue su profesor universitario en la carrera de Derecho, además, trabajó como contratista de la oficina jurídica del Concejo Bucaramanga y secretario encargado de esta corporación durante la presidencia de Carlos Barajas, en el 2022. El funcionario admitió que tiene vínculos políticos y personales con Carlos Barajas.
Santander Rojas aseguró que no conoce a la coadyuvante, María Elena Cano Lascarro, como tampoco el escrito de demanda que fue titulado con su nombre y que refieren los abogados del Alcalde de Bucaramanga. “Desconozco totalmente la producción de algún tipo de documento a cargo mío en el proceso de nulidad del Alcalde de Bucaramanga”.
No obstante, el abogado penalista Rodrigo Parada, afirmó que “encontramos algo que es bien curioso. El documento que contiene la demanda que hace María Elena Cano Lascarro realmente es un escrito que no hizo ella. La razón por la que nos dimos cuenta, es porque los metadatos arrojan que el documento lo hizo una persona que hoy en día ostenta la condición de servidor público y que está muy relacionada con el señor Carlos Barajas. Nosotros vamos a presentar una denuncia penal por el delito de falsedad personal. Nos damos cuenta que el documento se hizo en un equipo que al parecer se utiliza en una entidad oficial, y que se elaboró sobre un documento que se llama hoja de vida de una persona que es un servidor público. La Fiscalía tendrá que investigar…”.
El abogado penalista Rodrigo Parada vincula al exconcejal Carlos Barajas al afirmar que “entiendo yo que recientemente el señor Carlos Barajas dijo que él apoyaba a esta señora María Elena Cano Lascarro. Entonces uno empieza a conectar las ideas… Lo que básicamente nosotros podemos inferir y serán las autoridades las que tengan que investigar, es que al final esta señora no está firmando los documentos, o por lo menos ella no es la que está demandando, sino que están haciendo pasar por ella. Uno no puede utilizar la justicia como parapeto para obtener réditos personales…”.
No aparece María Elena Cano Lascarro
María Elena Cano Lascarro aparece en la demanda de nulidad residiendo en Bucaramanga. Sin embargo, en otro documento, ella registra una dirección de Floridablanca. Esta persona trabaja en labores de servicios generales, mediante una cooperativa, en un edificio del barrio Cabecera de Bucaramanga. En la demanda de nulidad aparece como notificación una veeduría, que tiene el correo electrónico “nuevaesperanzaveeduria@gmail.com”.
Al indagar sobre la labor de María Elena Cano Lascarro con el veedor ciudadano José Gualdrón, quien también es coadyuvante en la demanda de nulidad electoral contra el Alcalde de Bucaramanga. Este líder lleva más de una década de trabajo como veedor ciudadano en el área metropolitana de Bucaramanga. “A ella la he escuchado (en el proceso), pero no sé si haya sido veedora. No la he escuchado en ninguna audiencia (de nulidad electoral)”, precisó.
A su turno, el abogado Juan Nicolás Gómez, uno de los demandantes en contra de la elección del Alcalde de Bucaramanga, aseguró que tampoco conoce a María Elena Cano Lascarro. “Es muy poco lo que ella ha aparecido dentro del proceso”. Agregó que no le conoce porque en las audiencias no ha activado su cámara, como lo ha solicitado la magistrada Luis Fernanda Flórez a todos los intervinientes.
En los últimos tres días se buscó a María Elena Cano Lascarro, pese a reiteradas llamadas a su teléfono celular, no atendió la comunicación. También la buscamos en su lugar de trabajo, donde nos envió un mensaje expresando que no podía atendernos. Esta redacción le dejó un mensaje sobre la aparición de su nombre en este proceso administrativo. Pese a los esfuerzos por conocer su versión, no atendió.
Esta redacción buscaba indagar si la cuenta en la red social X “@MaríaECanoL” efectivamente es manejada por María Elena Cano Lascarro. En este perfil se publican contenidos y opiniones sobre la administración de Jaime Andrés Beltrán y el proceso de nulidad electoral.
Carlos Barajas admite que asesora en X a María Elena Cano Lascarro
El ex concejal de Bucaramanga, Carlos Barajas, admitió conocer a Carlos Mario Santander Rojas, con quien ha tenido vínculos políticos en diferentes escenarios de la ciudad. Frente a María Elena Cano Lascarro aseguró que no ha tenido contacto directo con ella, pero sí sostenido una conversación “muy fluida por (una cuenta de la red) X, al punto que me he atrevido a redactarle documentos por X”.
“Cuando tomé la decisión de revisar el proceso de nulidad de Jaime Andrés (Beltrán) me buscaron no solo de parte de María Elena, sino me buscó también José Gualdrón, y el doctor Juan Nicolás. Decidí hacer equipo. Decidí unir esfuerzos y apoyar el proceso de nulidad aportando todo mi conocimiento, mi saber jurídico. He orientado a María Elena a través de la cuenta de X, en donde hemos conversado, en donde yo le he orientado, le he guiado en algunos memoriales, le he facilitado alguna información, cosa que no es un delito… Nunca me he sentado con ella… Ella me pregunta, yo le respondo…”.
Al preguntarle a Carlos Barajas si da fe o certeza, que María Elena Cano Lascarro es la persona con quien conversa y a quien asesora a través de la red X. “No…”, respondió.
Al preguntarle a Carlos Barajas si le generaba suspicacia que solo el contacto fuera por redes sociales, afirmó que no. Agregó que “ustedes se preocupen por María Elena y no por un coadyuvante que de Jaime Andrés, Carlos Arturo Duarte, que se gana $7 millones en la Alcaldía de Bucaramanga y trabajó en el Tribunal….”.
Barajas acusó al abogado Hollman Ibáñez de querer presuntamente dilatar el proceso, solicitando el aplazamiento de la audiencia programada para el próximo 22 de octubre, bajo el argumento que no podría asistir por estar en otra ciudad. “… Se le olvida a Hollman que hay un decreto por la pandemia que permite la virtualidad… Hay un tema doloso para dilatar el proceso…”.
Prácticas politiqueras en Bucaramanga
El analista política Laureano Tirado dijo que, si bien no conoce este proceso administrativo, por lo que “no me atrevo a hacer una valoración como ciudadano o como analista. Sin embargo, sí hay existen antecedentes constantes e históricos, en procesos de nulidades electorales o demandas por violaciones al régimen de incompatibilidades, que utilizan personas anónimas, anónimas en el sentido que no conocidas en la opinión pública por sus opiniones” para realizar estas demandas.
“Se utilizan empleados contratistas de prestación de servicios o, lo digo con el mayor respeto, empleadas de servicio, para esconderse en demandas contra líderes políticos, contra mandatarios, contra personas ostentan credenciales. Hay un sinnúmero de casos ya aprobados en la historia de procesos electorales”.
El proceso por nulidad electoral contra el Alcalde de Bucaramanga
En el Tribunal Administrativo de Santander se radicaron cuatro demandas de nulidad en contra del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien en las elecciones de 2023 habría incurrido en doble militancia como argumentan los demandantes Juan Nicolás Gómez Herrera, Édgar Solier Millares Escamilla, Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, y el senador Fabián Díaz Plata.
Las cuatro demandas fueron unificadas en una sola toda vez que tenían hechos relevantes y argumentos similares, según estableció el alto tribunal.
Para algunos de los demandantes, presuntamente Beltrán Martínez habría respaldado públicamente a los aspirantes al Concejo de Bucaramanga, Edisson Ferney López, del Centro Democrático; Carlos Augusto Mateus y Oscar Díaz Layton, por el Partido Conservador.
También, a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el partido de la U. No obstante, su deber era apoyar a los candidatos al Concejo inscritos por su partido político: Colombia Justa Libres.
En cuando a la supuesta doble militancia, los demandantes tienen como posibles evidencias videos en los cuales el entonces candidato Jaime Andrés Beltrán Martínez apoyaba a aspirantes al cabildo.
Su abogado en este proceso administrativo es Hollman Ibáñez, quien avanza con la defensa ante el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual la magistrada ponente es Luisa Fernanda Flórez.
“Tanto el Tribunal Administrativo de Santander como el Consejo de Estado negaron la suspensión provisional que los demandantes presentaron en contra de nuestro cliente”, dijo en su momento el abogado Hollman Ibáñez.
Pero ante la Fiscalía el abogado Rodrigo Parada dijo que presentará una denuncia, toda vez que una de las coadyuvantes de la demanda de nulidad electoral no firmó el documento, no se presenta en las audiencias además de serios indicios que tiene la defensa que ese escrito no lo habría escrito la mujer, que se identificó como María Elena Cano.
El Tribunal Administrativo de Santander había fijado para este 22 de octubre la continuación de la audiencia, pero la defensa del alcalde Jaime Andrés Beltrán, Hollman Ibáñez, pidió el aplazamiento argumentando que tenía otra diligencia desde Neiva, Huila.
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