Durante el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2024, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, participó en el panel titulado “La visión del futuro de Colombia desde la perspectiva económica”, donde expuso un análisis sobre el panorama actual del país y los desafíos que enfrenta la economía colombiana.
A pesar de que en los últimos años se evidenció una recuperación económica significativa, el experto destacó que persisten serias preocupaciones relacionadas con el manejo fiscal y la inversión, las cuales, según él, podrían limitar el crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo.
En su intervención, Mejía señaló la importancia de observar con detenimiento el comportamiento del gasto y el balance fiscal del país. Según su exposición, Colombia solía tener un balance fiscal equilibrado durante el siglo XX, con una cifra cercana a 0,6%, pero a partir de la implementación de la Constitución de 1991 y la consecuente expansión del gasto público, este balance comenzó a deteriorarse de manera progresiva.
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Explicó que antes de la pandemia, la diferencia entre ingresos y egresos del Gobierno alcanzaba el 3,6% en términos negativos, una cifra que se agravó durante la emergencia sanitaria, elevando el déficit promedio a -5,8% en los últimos años.
En paralelo, presentó un nuevo indicador desarrollado por Fedesarrollo denominado Indicador de Incertidumbre de la Política Económica, cuyo objetivo es medir la frecuencia con la que los medios de comunicación abordan temas relacionados con la incertidumbre económica. Este índice, según el análisis del centro de pensamiento, arrojó resultados preocupantes para el mes de agosto, debido a las discusiones alrededor de la reforma y el presupuesto, lo que generó un ambiente de inseguridad que impacta directamente en las expectativas de los inversionistas.
Asimismo, resaltó que la caída de la inversión no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino que refleja una tendencia observada en varios países de la región. Sin embargo, enfatizó que en el caso colombiano, la inversión se encuentra un 11% por debajo de los niveles registrados antes de 2019, lo que implica una pérdida de aproximadamente 7% en la capacidad productiva del país. Esta situación, afirmó Mejía, representa una reducción de cerca de $100 billones, un dato que debería ser motivo de alarma, considerando que la inversión es uno de los principales motores de crecimiento económico.
Tras la pandemia del COVID-19, las finanzas públicas de Colombia enfrentaron una presión significativa debido a un incremento sostenido en el gasto, lo que generó un desbalance estructural en el manejo de los recursos del Estado. Esta situación llevó a la adopción de nuevas medidas, como la reciente reforma tributaria, la cual suscitó fuertes críticas desde diferentes sectores. Mejía señaló durante su intervención que la reforma podría resultar perjudicial para la estabilidad económica del país, resaltando varios puntos de preocupación.
El primer aspecto que destacó se relaciona con la intención del gobierno de flexibilizar la regla fiscal, una medida que, a su juicio, podría comprometer la credibilidad del marco fiscal a largo plazo. Considera que la implementación de un impuesto al patrimonio, incluido en la propuesta de reforma, es problemática, ya que distorsiona la asignación de recursos en la economía y genera incertidumbre en el entorno de negocios. Según el director, este tipo de gravámenes tiende a afectar de manera desproporcionada a sectores productivos, frenando la inversión y, en última instancia, el crecimiento económico del país.
Además, Mejía criticó la intención de triplicar el impuesto al carbono, un componente central de la reforma que, si bien busca promover prácticas ambientales más responsables, podría tener consecuencias negativas para los sectores que dependen en gran medida de este recurso. “Estas medidas van en contravía de lo que se requiere”, puntualizó.
