Mientras que desde el sector industrial avanzan con las gestiones para que el Gobierno sea más ágil a la hora de aplicar medidas antidumping -de haber una denuncia por importaciones a precios viles que causan daño a una empresa o rubro local-, las autoridades trabajan en cambios en el régimen pero que no necesariamente dejarán contentos a los fabricantes nacionales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el equipo económico buscará, con las modificaciones en estudio, evitar los abusos y las prórrogas eternas de medidas establecidas en algún momento para frenar el ingreso al país de determinados bienes a precios viles.
Los cambios están siendo estudiados en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que actualmente preside María José Suarez Villabona. Fuentes del equipo económico reconocieron que se trabaja en “agilizar el trámite, pero al mismo tiempo acotar los plazos de vigencia de las medidas y, eventualmente, la magnitud de los derechos compensatorios, en función del impacto en los consumidores”.
Desde la UIA vienen trabajando en el tema -de hecho, este jueves tendrán otra reunión técnica con directivos de la comisión- y consideran que sería un gran paso que el régimen sea ágil y que no tenga tantos costos y trámites burocráticos para los consultores, además de que el Gobierno pueda fijar una medida preventiva mientras que resuelve una investigación. “La contracara de eso es que se está pensando en que las medidas duren menos que hoy y que se busque un precio de referencia regional, por lo que tal vez ahí la protección efectiva que quede sea un poco menor”, dijo una fuente de la central fabril.
“Va a haber un uso estricto de la herramienta conforme a las regulaciones de la OMC y al verdadero fin del dumping. Va a haber que probar realmente que hay daño y cada vez que haya que renovar la medida, se va estudiar todo el caso completo”, dijeron fuentes del sector importador, al tanto de los cambios que se están pergeñando desde el Gobierno.
Actualmente, una medida antidumping se aplica luego de varios meses de investigación para evaluar si efectivamente la importación de un determinado producto generó o no un daño, y de qué magnitud. En el medio, las autoridades pueden imponer una norma preventiva. Pero una vez que sale la definitiva, se mantiene por cinco años, renovable todas las veces que sea necesario, a pedido del sector o la empresa afectada. A partir de los cambios, que saldrán por decreto, las medidas durarán entre dos y tres años y sólo podrá renovarse una sola vez por el mismo lapso de tiempo, luego de analizar todo el caso nuevamente.
Existe dumping cuando un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen. Pero a sola existencia de dumping no es suficiente para poder aplicar medidas, sino que se requiere que se determine la existencia de un daño a la producción nacional y que ese daño sea causado por las importaciones objeto de dumping. Hay tres tipos de derechos aplicables:
- Derechos Ad Valorem: se cobra un derecho calculado como un porcentaje sobre el valor del bien importado.
- Derechos específicos: se cobra un derecho por una cantidad fija de dólares por unidad del bien importado.
- FOB Mínimos: se establece un valor mínimo por unidad de producto al que deben ingresar las importaciones al mercado argentino.
De acuerdo con fuentes que conocen el mecanismo, en la Argentina se usan los tres tipos de medidas. Y a partir de los cambios, ello seguirá igual. Lo que cambiará será la magnitud de las medidas (menores derechos, por ejemplo) y la extensión de las mismas. Para buscar la renovación, los sectores involucrados deberán volver a probar que sigue habiendo daño. Porque ha ocurrido en el pasado -remarcaron desde el sector importador- que una empresa tenía un determinado porcentaje del mercado cuando salió la medida x dumping y “resulta que con los años aumentó fuertemente su share”, cuestionó.
También el Gobierno busca bajar los plazos de los trámites, que hoy pueden durar de 12 a 18/24 meses. “La idea es buscar bajarlo sustancialmente”, dijeron fuentes oficiales. Este es un pedido de los industriales, que sostienen que si la investigación se hace muy larga, “cuando sale la medida la empresa puede ya estar fundida“, precisó un dirigente de la UIA. Claro que también reclaman que se dicten medidas preventivas mientras dure ese proceso de investigación. De acuerdo con las normas de la OMC, los países pueden aplicar una norma preventiva a los 60 días.
Según pudo saber este medio, en el equipo de la CNCE creen conveniente hacer consultas con Defensa de la competencia y con Defensa del Consumidor antes de fijar medidas, pero no está claro si estas opiniones serian o no vinculantes.
En línea con lo que reclaman los importadores, en el Gobierno quieren evitar que medidas proteccionistas se prolonguen en el tiempo sin un correcto análisis de daño y que ello genere un aumento de precios de esos productos que están siendo cuidados. “Hay dumping que tienen vigencia hace 20 años. Y en ese tiempo los mercados pueden haber cambiado. Si hoy, por eso, la empresa tiene una posición dominante, tampoco está bien. Y encarecés a todo el sector”, dijo una fuente importadora.
