La Fiscalía ha acusado este lunes al exconsejero Alfredo Prada y a su equipo en la empresa pública Campus de la Justicia de convertir en un “parque temático” el proyecto con el que la Comunidad de Madrid planeó concentrar en un mismo lugar las sedes judiciales regionales. Según el fiscal, la entidad realizó un “gasto descomunal” sin “ningún sentido” y adjudicó contratos “a dedo”, como el del arquitecto británico Norman Foster para diseñar varios edificios.
Durante el juicio en la Audiencia Nacional, el representante del Ministerio Público ha sostenido que existió un “desvío patrimonial a fines ilícitos”. Hubo una actividad inicial “sin una verdadera memoria y sin plan de viabilidad financiera”, y cuando lo tuvo, no se aplicó, ha resumido en el trámite de informes finales.
La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada, entonces vicepresidente segundo, consejero de Justicia e Interior y dirigente del proyecto, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
El fiscal ha señalado que Campus de la Justicia “se convirtió en un parque temático” durante su construcción, en el que “lo único que interesaba era dar publicidad al proyecto estrella” del primer mandato de Esperanza Aguirre (PP) al frente del Gobierno regional. Y para ello, ha añadido, “se inundó con centenares de mupis (soporte publicitario)” la ciudad de Madrid.
Ha indicado que en ciudades como Barcelona o Valencia existen ciudades de la justicia que no dieron tanto bombo a su fase de construcción. “Si no se va a utilizar hasta el año 2011, no tiene ningún sentido. Se convirtió en un parque temático porque era el proyecto estrella y el principal responsable estaba constantemente poniéndose la medalla de que estaban haciendo una cosa maravillosa. Y se produjo un gasto descomunal desde el acto también de la presentación de las maquetas y desde el acto de la primera piedra”, ha expresado.
Y ha añadido que dar ese protagonismo a la publicidad “no lo hacen ni las empresas privadas”. “De la reforma del estadio Santiago Bernabéu, yo no veo mupis del Real Madrid diciéndolo”, ha contrapuesto.
CONTRATACIÓN DE FOSTER
El fiscal ha apuntado a irregularidades en una “retahíla” de contratos en los que no hubo mesa de contratación ni expedientes y ha citado, entre otros, el de Foster por 13 millones de euros: “Y así hasta el infinito”.
Sobre la contratación de Foster, el fiscal ha asegurado que “se hizo a dedo”, recordando que Prada manifestó en su declaración que primero contactó con el arquitecto español Santiago Calatrava, pero que no le salió esa operación y al comentarlo con Aguirre, acordaron contratar a Foster por ser “el mejor del mundo”.
“Y a partir de ese momento, en este parque temático en que convirtieron el Campus de la Justicia, corrieron a la realización del contrato” con Foster, ha expuesto.
El fiscal ha hecho hincapié en que no existe un informe previo que justifique por qué se contrató al arquitecto británico y ha subrayado que la contratación tenía que ser por un procedimiento abierto.
“No valen las vaguedades ni las generalidades de oportunidades, circunstancias o de que sea el mejor del mundo. No, porque además el mejor del mundo no será el más barato”, ha precisado.
El fiscal ha rechazado que los presuntos delitos hayan prescrito y ha respondido a las defensas que “no es cierto que exista extravío de papeles, sino que sencillamente no existieron y no existen por voluntad de los propios acusados”.
Por último, ha incidido en que solo se construyó un edificio y una serie de túneles, cuando la previsión de la empresa pública –creada en 2005– era levantar 14 edificios interconectados, pero las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado 355 millones de euros.
ABOGACÍA MADRILEÑA
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid ha indicado que Campus de la Justicia vulneró la legalidad con “pleno conocimiento de causa” y mediante “adjudicaciones arbitrarias” y gastos “enormes” que habrían sido “mucho menores” de haberse hecho bien.
Ha mencionado fraccionamientos, simulaciones de concurrencia, eliminación de trámites y adjudicaciones “apalabradas” que enriquecieron a terceros “de un modo injustificado”.
El representante de esta acusación ha expresado que quienes se han sentado en el banquillo formaron “una estructura piramidal evidente, con un jefe mayor y una serie de cargos directivos que le ayudan necesariamente a cumplir los fines decididos por él”, en referencia a Prada, a quien ha definido como el “máximo responsable” de la contratación.
A su juicio, en Campus de la Justicia se produjo una “continuidad delictiva gravísima” y un daño evidente para la Comunidad de Madrid, que perdió “cientos de millones de euros”.
Ha señalado que Prada “no daba cuenta” de la contratación, que los controles internos estaban “debilitados a propósito” y que en el juicio se ha demostrado “la antijuridicidad en todos los contratos”. Además, ha rechazado, como la Fiscalía, que los delitos hayan prescrito.
Sobre la ausencia de documentación, la Abogacía regional ha replicado a los acusados que es “porque, sencilla y llanamente, no existe, no porque se destruyera”.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid apunta a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos, planteando penas más altas que la Fiscalía: 13 años y 3 meses de cárcel para Prada, 11 años para los directivos y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que desliga de haber cometido malversación.
PRADA RECLAMA SER ABSUELTO
Tras los informes de las acusaciones, la defensa de Prada ha negado irregularidades y ha pedido la libre absolución, señalando que “no se ha beneficiado ni tampoco ha buscado el enriquecimiento de ningún tercero”.
Su abogado ha sostenido que todos los contratos “estaban basados en intereses públicos, fueron ejecutados y no existió ningún tipo de concierto” con empresas.
“Nunca ha tenido ninguna participación activa en el desarrollo de la contratación, ni por supuesto en la elección de las empresas adjudicatarias de los contratos”, ha defendido.
Según la defensa del exconsejero madrileño, que dirigió el proyecto durante tres años, de los expedientes de contratación se encargaban tanto el personal técnico de Campus de la Justicia como el de la Comunidad de Madrid.
