A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia que se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), vinculada a Antauro Humala, al considerarla antidemocrática.
De acuerdo al comunicado expuesto en redes sociales, la agrupación ejecuta “actividades contrarias a los principios democráticos y vulnera sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)”.
En ese sentido, requirió la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de los locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción. “A mérito de ello, se inhabilite a los ciudadanos que integran la cadena de mando que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada”, expresaron.
Tal como se lee en el documento, la entidad hace alusión al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, el cual menciona que la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política dentro de los supuestos siguientes:
- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico.
Como se recuerda, dichas acciones se adoptaron luego del oficio remitido a la Fiscalía por parte del legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien consideró que el hermano del expresidente Ollanta Humala “ha indicado y/o justificado un golpe de Estado en la actualidad, cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una Asamblea Constituyente”.
Ello, al mencionar en distintas entrevistas que cerraría al Congreso por “no acatar la Constitución de 1979 que no pierde vigencia”, que un comandante general de las Fuerzas Armadas genere un “golpe de Estado no anodino, debería establecer el orden”, y que estaría dispuesto a fusilar a generales y coroneles del Ejército porque “el sistema funciona si el hombre sabe lo que va a pasar si se corrompe”.
Incluso, en diálogo con La República, anunció que fomentará la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, el cual “prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados integrantes”.
“Vamos a salir porque tenemos que fusilar a expresidentes en el Perú, moralizar a la sociedad. Antes de defender los derechos humanos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala (su hermano), yo prefiero defender los derechos humanos del pueblo peruano, los principales damnificados”, declaró al medio mencionado.
