El director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, ha defendido este lunes su apuesta por la anulación del contrato de 3,7 millones que pagó el Govern de Francina Armengol a Soluciones de Gestión, la empresa de la ‘trama Koldo’, por el millón y medio de mascarillas que le compró en 2020 y ha apuntado que los propios ex altos cargos del anterior ejecutivo socialistas están dejando “sin sentido” la primera reclamación parcial que presentaron y de la que el equipo de Marga Prohens decidió desistir.
Así lo ha dicho durante su intervención inicial ante la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia.
“UNA HERENCIA ENVENENADA ESCONDIDA EN UN CAJÓN”
Ureña ha explicado que durante el traspaso de poderes tras la llegada del PP al Gobierno autonómico en 2023, nadie les informó de que se había abierto un expediente para reclamar a Soluciones de Gestión 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas de inferior calidad a las que se contrataron, pues se habían pedido FFP2 pero les mandaron KN95, que consideraron “equivalentes a quirúrgicas”.
“En agosto de 2023 nos encontramos con una situación de herencia envenenada, que estaba oculta, escondida en un cajón”, ha señalado, subrayando que el Govern socialista no les informó de ese expediente ni de el certificado de conformidad que en agosto de 2020 dio por bueno el contrato.
Esos 2,6 millones que se reclamaron en un principio eran la diferencia entre lo que costaban las mascarillas que se pidieron y las que les llegaron. Ureña ha defendido que, en contra de lo que sostiene el PSOE, su equipo no dejó “caducar” aquel primer expediente, sino que decidió “desistir” del mismo para iniciar uno nuevo por el total de los 3,7 millones que pagó por todas las mascarillas.
NI SOLVENCIA TÉCNICA NI FINANCIERA
El actual Gobierno balear toma esa decisión tras constatar que existe un “vicio de nulidad” en “la perfección” del contrato con Soluciones de Gestión puesto que el objeto social no se ajusta a la compra y “parece que la empresa carece de objeto social, solvencia técnica y solvencia financiera para asumir un contrato como el que se le adjudicó”.
“Se desiste de la reclamación parcial porque el vicio de nulidad es anterior haría decaer administrativamente todo el expediente”, ha detallado Ureña, incidiendo en que la primera reclamación “ningún caso” caducó ni se dejó “caducar” y que el Consell Consultiu de Baleares ya ha dejado claro que había ocho meses para reclamar, hasta el 29 de enero de este año.
Además, ha destacado que ahora, ex altos cargos del Govern de Armengol, están declarando en esta y en otras comisiones que las mascarillas “sí que eran KN95 y perfectamente válidas”, lo que, desde su punto de vista, “deja aquella reclamación en algo así como un sinsentido” y “sin ninguna posibilidad de prosperar”.
“En las comparecencias que están haciendo en esta comisión y en otras los responsables de aquella compra, incluso al más alto nivel político, están diciendo que efectivamente eran KN95 –ha indicado–. Entonces esa reclamación es un absoluto sinsentido, porque precisamente están reclamando lo contrario”.
SUS PALABRAS DEJAN TODO “EN PAPEL MOJADO”
Según ha reseñado, “sin entrar en si, efectivamente, esas mascarillas eran o no eran KN95 válidas”, lo que vienen diciendo los exresponsables socialistas vincula a la actual administración. “Y que ahora digan todos, sin duda, que eran mascarillas KN95, que es lo opuesto a lo que defendían en la propuesta de reclamación –ha abundado–. Dejan todo en papel mojado”.
Para el PP, por boca del diputado, Pedro Muñoz Abrines, la versión de los comparecientes del Govern socialista, incluyendo Armengol, “se va derribando como un castillo de naipes” y sus actuaciones sólo buscan evitar que les exijan responsabilidades. Según el representante de Vox, Jorge Campos, el Gobierno de Armengol “es quien mejor ha tratado a la empresa origen de la trama corrupta”.
Asimismo, Ureña ha asegurado que hasta el pasado 21 de febrero su participación en el expediente fue meramente “institucional”, que nunca dio ninguna instrucción sobre el mismo, “y menos que se dejara caducar”. También ha recalcado de forma “muy segura, rotunda y tajante que no ha habido absolutamente ningún contacto de ningún miembro de la empresa con ningún alto cargo del actual Gobierno”.
Con esta afirmación ha replicado a la diputada socialista Mercedes González, quien ha aludido al auto del instructor del ‘caso Koldo’ que apunta que los contactos de la trama con el Gobierno balear para que desistiera de su reclamación podrían haber surtido efecto, y le ha reprochado que asumiera la primera reclamación del Govern de Armengol tras el traspaso de poderes.
NO CONOCE A KOLDO NI A JACOBO POMPO
Después, en respuesta al diputado de Mès, Vicenç Vidal, Ureña ha asegurado que no conoce a Koldo García ni al empresario Jacobo Pompo –que supuestamente habría mediado también con el nuevo equipo de Prohens en nombre de la trama– y que él sólo ha hablado de este expediente con el Servicio de Salud, los partidos y el Gobierno balear.
Además, ha hecho hincapié en que desde su llegada al Servicio de Salud se han cursado “tres reclamaciones en diez meses” pues se han personado en el caso que se sigue en la Audiencia Nacional, han promovido la reclamación total y ahora trabajan para declarar la nulidad de todo el contrato.
“Estoy convencido de que se va a aclarar absolutamente todo lo referente a este expediente y preocupación por mi parte no tengo absolutamente ninguna porque esos contactos no se han producido, no ha habido ninguna presión, el expediente no ha caducado y porque dentro de la herencia envenenada que hemos recibido –un expediente lleno de problemas guardado en un cajón–, hemos hecho lo mejor que podíamos hacer en cada momento”, ha enfatizado.
LEY DE CONTRATOS ESPECÍFICA PARA EL SECTOR SANITARIO
Ureña ha concretado que el siguiente paso para la declaración de nulidad es el envío de un informe jurídico que se está ultimando al Consell Consultiu, pero que antes hay que dar un trámite de audiencia a la empresa para que pueda presentar sus alegaciones.
“Todo el expediente pasará al Consell Consultiu, que tiene que emitir el informe preceptivo y vinculante para la declaración de nulidad y, una vez esta se consiga, se pasará a una fase de liquidación para intentar recuperar los 3,7 millones de euros de todos los ciudadanos”, ha explicado.
Por último, a preguntas de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, sobre qué se puede hacer para introducir mejorar en el ámbito de la contratación pública, Ureña ha apostado por la aprobación de una ley específica para los contratos del sector público atendiendo a sus especiales características, las urgencias y emergencias que pueden surgir, los cambios tecnológico y los avances farmacológicos.
