Crédito: Cuartoscuro
El 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre, la cual es propiedad del Grupo México, provocó un derrame tóxico de 40 millones de litros de ácido sulfúrico y metales pesados en los afluentes del Río Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora. Este derrame tóxico es considerado en la actualidad, uno de los peores desastres ambientales de México, afectando a numerosas comunidades a lo largo de los ríos antes citados ya que se sabe, ocasionó afectaciones graves a la flora y fauna acuática y terrestre, al tiempo que contaminó las aguas superficiales y subterráneas, además de dañar tierras de cultivo. Hoy, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció que, durante el sexenio pasado, es decir, el de Enrique Peña Nieto, se creó un fideicomiso, el cual fue cerrado solo 3 años después de los hechos.
Fue durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera donde la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Luida María Albores fue la encargada de dar detalles del Fideicomiso Sonora, el cual arrancó con un recurso inicial de dos mil millones de pesos, aseverando que, en la actualidad, la dependencia no acepta el que se haya remediado el daño causado al medio ambiente ocasionado por Grupo México.
Conviene recordar que, tras darse a conocer el derramamiento de metal en el río, de manera inmediata quedaron fuera de circulación cerca de 24 mil hectáreas, principalmente tierras de cultivo y granjas acuícolas. Según estimaciones oficiales, más de 22 mil personas se vieron directamente afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua.
La empresa Grupo México admitió su responsabilidad en el derrame y ofreció compensaciones económicas, pero fue muy criticada por su falta de prevención e ineficaz actuación inicial. Este ecocidio evidenció la urgente necesidad de reformar las leyes ambientales y aumentar la regulación en la industria minera.
Fideicomiso fue extinguido en 2017
Con base a lo expuesto por la funcionaria pública, Grupo México celebró un convenio en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mediante el cual se acordó la creación del fideicomiso antes señalado y el que, como se dijo previamente, contaría con un recurso inicial de dos mil millones de pesos.
Este dinero, se empleó para la compra de una planta potabilizadora instalada en la comunidad de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y la cual contó con un valor de 4.7 millones de pesos. Esta planta operó solo por dos años ya que se dejó de contar con recursos destinados para su mantenimiento.
Cabe hacer mención que además se informó que se pretendió instalar nueve plantas en la región afectada; no obstante, estas no se colocaron en su totalidad e incluso, solo una estuvo en operación por un mes, lo que llevó a remarcar que no se atendieron los daños causados al medio ambiente.
“En 2017 decidieron extinguir el fideicomiso, lo cual fue avalado por la Profepa en Sonora al dar por concluidas las medidas correctivas y por Semarnat, al resolver satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los Programas de remediación”, se expuso en un video.
“Se ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el Río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Ha sido omiso ante la solicitud de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por la extinción del mismo”, se escucha en el video de denuncia presentado este viernes a través de La Mañanera.
