El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una nueva estrategia para agilizar la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.
Esta iniciativa, conocida como restitución anticipada, busca resolver de manera más rápida y eficiente los casos de restitución de tierras, evitando la intervención judicial y permitiendo que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregue predios de manera administrativa.
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La propuesta está contenida en un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura revelada recientemente por el diario El Espectador, que aún requiere la firma de la ministra Martha Carvajalino y del presidente Gustavo Petro. El decreto, titulado ‘Programa especial de dotación de tierras en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de reforma agraria’, tiene como objetivo principal acelerar el proceso de restitución que, según la ley de víctimas, debería resolverse en un máximo de 120 días, aunque en la práctica puede tardar años.
Desde 2011, el proceso de restitución de tierras en Colombia ha dependido de la intervención de jueces y magistrados, quienes ordenan la restitución de los predios o la compensación con otra tierra de características similares. Sin embargo, la realidad es que, en promedio, una solicitud de restitución tarda 3,27 años en ser resuelta, según datos de la fundación veedora Forjando Futuros entregados al diario nacional. En departamentos como Cesar y Magdalena, el tiempo de espera puede superar los cuatro años.
