El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en una sesión extraordinaria clave, convocada para decidir sobre la designación del rector, por lo que la propuesta del viceministro de Educación, Alejandro Álvarez Gallego, de nombrar un rector encargado ha generado tensión.
A pesar de una tutela a favor del actual rector, José Ismael Peña, que determina su permanencia hasta que el Consejo de Estado emita su fallo definitivo, Álvarez planteó la votación entre los cinco finalistas del proceso de marzo. La lista incluye nombres como Leopoldo Múnera, Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque, y Germán Castaño Duque.
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Diego Torres, representante de los profesores en el CSU, denunció esta acción como una violación a la autonomía universitaria. El docente afirmó que el reglamento exige una sesión única explícitamente convocada para hablar de la designación rectoral y, además, cuestionó la imparcialidad de Víctor Manuel Moncayo y otros consejeros. “Recusamos al profesor Moncayo porque abiertamente ha apoyado a uno de los candidatos,” agregó Torres.
“Es mi deber denunciar lo que está pasando en el Consejo Superior Universitario. El señor viceministro acaba de proponer, de manera abiertamente ilegal, el someter nuevamente los cinco nombres de los profesores que había pasado la consulta de la Universidad Nacional de Colombia para poner un nuevo rector”, concluyó el docente.
Sin embargo, el movimiento de la representante estudiantil, Laura Quevedo, en el CSU ha inclinado la balanza a favor del Gobierno, que apoya a Leopoldo Múnera, el ganador de la consulta. Quevedo se suma a los tres representantes gubernamentales y a Moncayo, alcanzando así una mayoría que podría definir la designación del nuevo rector encargado.
Por su parte, José Ismael Peña enfrenta un momento decisivo mientras se debate su continuidad. Tres consejeros anunciaron previamente su abstención en la votación: Verónica Botero Fernández del Consejo Académico, Ignacio Mantilla Prada, exrector, y Diego Torres, lo que ha complicado las sesiones del CSU, al no alcanzar el quórum mínimo de cinco consejeros.
En el contexto de esta crisis, las decisiones del CSU han sido un campo de batalla entre legalidad y autonomía universitaria. Torres denunció que la propuesta de Álvarez podría llevar a los consejeros a cometer prevaricato. El Consejo, según enfatizó Torres, debe convocar una sesión adecuada para el proceso de designación rectoral, siguiendo los procedimientos reglamentarios.
Leopoldo Múnera, opositor a la designación original, se ha declarado en desobediencia civil y fue uno de los principales impulsores del paro en el campus. Múnera defiende la creación de una constituyente universitaria y aboga por una elección directa del rector, un movimiento respaldado por varios sectores estudiantiles y académicos.
La influencia del Gobierno en la designación del rector ha sido polémica, pues Víctor Manuel Moncayo y las representantes del presidente de la República, María Alejandra Rojas Ordóñez y Nataly Garzón, aportan votos cruciales.
Este conflicto sigue poniendo a prueba la autonomía de la Universidad Nacional y la legalidad de las acciones de sus representantes. A pesar de la postura del Gobierno, la tutela a favor de José Ismael Peña aviva el debate, dejando un margen de incertidumbre sobre la decisión final.
Entretanto, la situación sigue siendo crítica con un CSU profundamente dividido, donde las decisiones deben ser tomadas con precisión jurídica y respeto a la autonomía universitaria, por lo que la comunidad universitaria y observadores externos esperan el desenlace de esta sesión extraordinaria, que podría reconfigurar el futuro de la institución.
