El 29 de julio de 2024, el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, en el que se comprometen recursos por $523 billones, de los cuales $12 billones aún no están asegurados, ya que se esperan ser recaudados por medio de una ley de financiamiento, más conocida como reforma tributaria.
La cifra generó diversas opiniones entre analistas y economistas. Algunos de ellos advirtieron que el Gobierno podría estar incurriendo en “cuentas alegres”, y sugirieron ajustes para evitar futuros desajustes fiscales.
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Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi) y del Consejo Gremial Nacional (CGN), Bruce Mac Master, hizo duras críticas, teniendo en cuenta que con este se puede afectar a todo el país. Principalmente, porque se define si los hogares y las empresas deben pagar más impuestos en un momento en el que la economía colombiana para por un mal momento y no se pueden tomar decisiones equivocadas.
Según él, es muy posible “estar construyendo un escenario de recesión (disminución significativa y sostenida de la actividad económica en un país durante un tiempo determinado) que nadie quiere”.
La Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas), presidida por María Claudia Lacouture, también presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), reaccionó al respecto y apuntó que el proyecto de PGN contempla $82,4 billones para inversión, mientras que el servicio de la deuda será de $112,6 billones y se destinarán unos gastos de funcionamiento de $327,9 billones, lo que quiere decir que hay una reducción del presupuesto de inversión pública en un 53%.
Recordó que, en 2023, ya se había reducido este presupuesto en un 50%, y una nueva disminución profundizaría los efectos adversos en la economía del país.
Plan de austeridad
Y es que, una de las principales medidas que destaca en el Presupuesto General de la Nación para 2025 es el plan de austeridad del gasto, cuyo objetivo principal es asegurar la gestión eficiente y transparente del gasto público. El enfoque busca reducir el crecimiento del gasto operacional sin afectar la capacidad institucional de las entidades que conforman la PGN para cumplir sus funciones.
“El plan tiene como objetivo gastar mejor, no necesariamente gastar más”, explicó el Ministerio de Hacienda en el documento.
Manejo sostenible de los fondos públicos
La iniciativa abre la puerta a mecanismos de ahorro operativo que permitirán un manejo más sostenible de los fondos públicos. “El ahorro permitirá elevar los gastos en formación de capital sin generar presiones adicionales de endeudamiento”, explica el plan.
La Ley 2155 de 2021 obliga al Gobierno a obtener un ahorro anual promedio de 1,9 billones durante el período de 2022 a 2032. Para cumplir con esta obligación, el ahorro logrado entre 2023 y 2024 deberá ser promediado con los ahorros proyectados para los próximos años. De acuerdo con el Decreto 199 de 2024, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, todas las entidades incluidas en el PGN deben formular y ejecutar su propio plan de austeridad, que incluirá una reducción de al menos 5% en las transferencias corrientes.
Estas excluyen las transferencias con rango constitucional, aquellas relacionadas con el Sistema General de Participaciones (SGP), el pago del Sistema de Seguridad Social, los aportes medidos a las Instituciones de Educación Superior Públicas y el cumplimiento de fallos judiciales.
Control riguroso al gasto
La importancia de un control riguroso del gasto se ve reflejada en la directriz de “priorizar la virtualidad en las reuniones de funcionarios, limitar la compra de vehículos oficiales y racionalizar la adquisición de bienes inmuebles, billetes aéreos y gastos en publicidad y papelería”, destacó el informe.
El Ministerio de Hacienda también resalta que cada entidad debe especificar de manera muy clara cómo logrará la reducción del 5% en las transferencias corrientes, garantizando que no se comprometan los servicios esenciales para la ciudadanía. “La implementación de medidas de ahorro permite ampliar el margen de maniobra del gobierno nacional para elevar los gastos en formación de capital de forma sostenible”, reafirmó el texto.
