Tras una reciente oleada de violencia en el Valle del Cauca, incluyendo el atentado con explosivos en Jamundí, varias entidades del departamento se unieron para redactar una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En la misiva, se solicitó una audiencia en la región para abordar el accionar de las disidencias de las Farc y se destacó que la situación debe tratarse como un problema de seguridad nacional.
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La carta subraya que el Valle del Cauca enfrenta un momento crítico debido a la actividad de diversos grupos armados ilegales que han intensificado sus ataques en el suroccidente de Colombia. Los autores de la carta piden que no se traten estos eventos como incidentes aislados, ya que afectan a la comunidad empresarial, provocan heridos y muertos, y siembran miedo entre los ciudadanos.
En este contexto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, enfatizó la necesidad de un enfoque regional para abordar el orden público, subrayando que la seguridad del Valle está interconectada con la del Cauca, Nariño y Chocó debido a su proximidad geográfica.
La solicitud a las autoridades nacionales insiste en que, aunque el Ministerio de Defensa ha respondido a los recientes ataques, es crucial que las autoridades experimenten la situación de primera mano para implementar medidas efectivas. La carta aboga por un fortalecimiento integral de la Policía, el Ejército y otros organismos de seguridad, solicitando más recursos logísticos, inteligencia, refuerzos de personal, horas de vuelo y acciones concretas contra las economías ilícitas y la infraestructura criminal, especialmente en la zona rural de Jamundí.
La preocupación de los firmantes de la carta es que, si no se toman medidas adecuadas y contundentes, la violencia podría escalar y extenderse a otras regiones del país, exacerbando el problema de seguridad nacional. Por ello, la misiva no solo busca una respuesta inmediata, sino también la implementación de una estrategia a largo plazo que garantice la paz y la seguridad en el suroccidente de Colombia.
Murió don Rafael, el cuidador de carros que recibió el impacto de la “moto-bomba” en Jamundí
(Ernesto Guzmán Jr./)
Fueron trece días de intervenciones quirúrgicas, medicamentos, cuidados e incertidumbre los que atravesó Rafael Ángel González Araujo, el hombre que cuidaba vehículos en un sector de Jamundí, Valle del Cauca, y que fue víctima fatal de un atentado terrorista en el que explotó una motocicleta.
El atentado se registró el 12 de junio de 2024. ‘Don Rafael’ había sido dado por muerto, pero fue trasladado a un centro asistencial en el que estuvo las últimas dos semanas. Allí tuvieron que amputarle un brazo que se le infectó como consecuencia de las quemaduras sufridas en la explosión, pero falleció.
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El hombre, de nacionalidad venezolana, llegó hace cinco años a Jamundí y era reconocido por la comunidad a propósito de su trabajo.
Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, fue uno de los funcionarios que siguió más de cerca el proceso de recuperación de ‘don Rafael’ y el vocero ante la opinión pública de las novedades sobre su salud. “Hicimos todo lo humanamente posible”, dijo a medios de comunicación una vez enterado del deceso del hombre.
Una de las gestiones que adelantó el funcionario para ayudar a ‘don Rafael’ fue hacer los trámites para que lo reconocieran como víctima del conflicto armado en Colombia.
“Iniciaremos todo lo que administrativamente esté a nuestro alcance para que su hijo sea reconocido como apoyo y se recepcione en la Personería de Cali la declaración del hecho victimizante para la activación de la ruta a través de la Secretaría de Bienestar Social, y poderlos institucionalmente asistir para brindar albergue, apoyo alimentario, kit de aseo, kit de apoyo de arrendamiento como está regulado. Lo anterior, mientras la Unidad de Víctimas reconoce a don Rafael como víctima del conflicto armado para seguidamente iniciar el proceso de reparación o indemnización administrativa que haya lugar”, dijo, en días recientes, a medios.
