“En Colombia están armando un lawfare en contra del presidente Gustavo Petro”, aseguró la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal en un video publicado en sus redes sociales, relacionado con la radicación de la ponencia de pliego de cargos por parte de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa.
La formulación de cargos surgió por hallazgos de la investigación que adelanta el CNE con respecto a su campaña, en la que habrían ingresado dineros no reportados y se habría registrado una violación de topes.
De acuerdo con la congresista del Pacto Histórico, la decisión del CNE evidenciaría que el primer mandatario es un víctima de lawfare, que se refiere al “uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública o inhabilitación de un adversario político”. Para sustentar su postura, la representante puso sobre la mesa las dudas que hay sobre la transparencia de uno de los magistrados que radicó la ponencia de pliego de cargos.
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Se trata de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, a quien tildó de ser más “uribista” que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto ofrecimiento de prebendas. De hecho, según informó el senador Iván Cepeda, el 15 de mayo de 2024 se llevará a cabo la primera audiencia contra el magistrado.
“Anuncio que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia cita al exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada a la primera audiencia en el juicio que se sigue en su contra, por presunto soborno en actuación penal, en calidad de cómplice; caso por el cual también ha sido llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena”, indicó el congresista Cepeda en X (antes Twitter), que es considerado víctima en el caso contra Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Así las cosas, Carrascal aseguró que sectores políticos y económicos que comparten ideas como las de Álvaro Hernán Prada están buscando ganar lo que perdieron en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, fue elegido por la ciudadanía. Al parecer, el camino que están tomando para cumplir con su cometido es la “guerra jurídica”.
“Lo que buscan con el lawfare es que en nuestro país pase lo mismo que en Brasil, donde la propia Corte Suprema tuvo que admitir que las acusaciones contra el presidente Lula da Silva fue una estrategia de lawfare para sacarlo de la lucha política. O en Portugal, donde Antonio Acosta, otro jefe de gobierno progresista, también fue acusado injustamente de corrupción para que abandonara su cargo”, aseveró.
También recordó que el mismo Gustavo Petro ya ha sido víctima, según ella, de procesos judiciales con fines de persecución política. En 2013, cuando el presidente fungía como alcalde de Bogotá, el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 15 años, argumentando que había cometido tres faltas “gravísimas”. Sin embargo, después el Consejo de Estado anuló la sanción, asegurando que dichas faltas disciplinarias jamás se configuraron.
“La decisión fue adoptada por la Sala Plena después de acoger las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado colombiano en el caso del exmandatario de la capital, en el sentido de que la sanción de destitución e inhabilidad impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo”, añadió el Consejo de Estado en un comunicado.
Desde la perspectiva de Mafe Carrascal, quienes están atacando al primer mandatario no necesariamente buscan una condena judicial, sino que se genere un escándalo para dañar su reputación y la del proyecto político que representa. Esto, según la congresista, se puede lograr aunque se presenten señalamientos sin pruebas y sin investigaciones, solo bastan las presunciones. “¡Pilas!”, dijo.
