Human Rights Watch y la ONG etíope Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) han denunciado ante Naciones Unidas a todas las partes implicadas en la guerra de Etiopía entre 2020 y 2022 de comisión de crímenes de guerra y, concretamente a las milicias de la región de Amhara, de perpetrar una campaña de limpieza étnica en las zonas bajo su control de la vecina Tigray, el escenario del conflicto armado.
La guerra de Tigray estalló en noviembre de 2020 entre el Ejército de Etiopía y sus aliados, Eritrea y las milicias regionales de Amhara, contra los efectivos de la administración de la zona, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). La guerra terminó a finales de 2022 con la firma de un acuerdo de paz en Pretoria, Sudáfrica, con un saldo de entre 100.000 y 600.000 muertos, según estimaciones extremas del Gobierno etíope y de la Unión Africana. Expertos de grupos de estudio internacionales cifran los fallecidos a medio camino entre ambas estimaciones.
Ahora, y de cara a la Evaluación Periódica Universal a la que se someterá Etiopía en noviembre ante la ONU, ambas ONG “han documentado crímenes de guerra cometidos por todas las partes durante el conflicto armado” que comprenden masacres a gran escala, ejecuciones sistemáticas, violencia sexual indiscriminada y destrucción masiva de infraestructura civil.
Human Rights Watch acusa en particular a las fuerzas de Amhara de perpetrar, como mínimo hasta marzo del año pasado, seis meses después de la firma del acuerdo de paz, “una campaña de limpieza étnica” de la población tigriña en Tigray Occidental, desde control amárico desde el final de la guerra. HRW señala tanto a las autoridades provisionales como a las fuerzas regionales como a las milicias conocidas Fano, con “la complicidad y posible participación de las fuerzas del Gobierno etíope”.
HRW denuncia lo que está ocurriendo hasta ahora como una prolongación de las “brutales tácticas” empleadas por las fuerzas del Gobierno etíope durante la guerra, consistentes por ejemplo en la negación de ayuda a la población civil. El tiempo medio de atención para las víctimas de violaciones y abusos sexuales en Tigray era de 16 meses, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un plazo de 72 horas.
Ambas ONG también acusan a las fuerzas de Tigray de ataques contra refugiados eritreos en el estado, de ejecuciones sumarias, de violencia sexual y de la destrucción de hospitales en Amhara y en el también vecino estado de Afar. Las fuerzas eritreas son acusadas de participar en una campaña de violaciones contra mujeres y niñas y de impedir la llegada de ayuda a las poblaciones afectadas por la guerra.
Las dos ONG hacen especial hincapié en la violencia sexual por los “alarmantes niveles exhibidos” durante la guerra en Tigray, y que ha afectado por igual a hombres, mujeres, niñas y niños.
De hecho, en septiembre de 2023, la Comisión Independiente de Expertos en Derechos Humanos del país aseguró que más de 10.000 supervivientes de la violencia sexual durante la guerra habían pedido atención médica. Entre el espectro de abusos cometidos principalmente por las fuerzas afines al Gobierno etíope, ambas organizaciones denuncian prácticas de violaciones en grupo y esclavismo sexual. Algunas mujeres fueron violadas delante de sus hijos.
