(Desde Santiago, Chile) En el ojo del huracán se encuentra la gobernadora de la Región de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), Krist Naranjo, quien podría perder su puesto tras ser investigada por haber presuntamente extorsionado a sus funcionarios, a fin de recaudar fondos destinados a su próxima campaña de reelección.
Según antecedentes de la indagatoria llevada a cabo por el Ministerio Público, su artimaña consistía en pedir a los trabajadores públicos la entrega “voluntaria” de una parte de sus sueldos cada mes. Aquellos que se negaban corrían el riesgo de ser despedidos, según reza un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Los hechos
Todo comenzó cuando en agosto del año pasado, la funcionaria del gobierno de Gabriel Boric, sin decir agua va, les solicitó a los jefes de división de los distintos departamentos del Gobierno Regional (GORE) que le transfirieran mensualmente parte de sus sueldos.
¿La suma? $50 mil pesos mensuales (USD 56), según declaró un – ahora – exfuncionario, quien al negarse a “aportar” pasó de inmediato a lo que llamó la “lista negra” de Naranjo, perdiendo su trabajo poco tiempo después.
Él y otro compañero perjudicado acudieron al diputado de la zona, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien entregó los antecedentes a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. Todo desencadenó en la investigación penal actual, liderada por el fiscal jefe de la Fiscalía Local de La Serena, Carlos Vidal, y la nueva unidad anticorrupción de la OS7 de Carabineros.
Hasta ahora, la gobernadora no ha querido dar declaraciones.
“Ambiente de terror”
Según una de las denunciantes, en las oficinas del Gobierno Regional ubicadas en plena Plaza de La Ciudadanía de La Serena, se vivía “un ambiente de terror”. Cada mes la administradora regional, Karina Aguirre Cerda, estrecha colaboradora de Krist Naranjo, se acercaba a los puestos de los funcionarios de confianza elegidos para cobrar los montos establecidos.
Sin embargo, las dudas comenzaron rápidamente al ver que los montos exigidos eran cada vez más grandes, sin que hubiese campaña alguna en la que se estuviese gastando.
Si alguien se negaba a pagar su aporte, lo presionaban con frases como “parece que ya no eres leal a la gestión”, según relató otro exfuncionario.
El dinero se pagaba en efectivo o por medio de transferencias a la cuenta personal de Aguirre, quien posteriormente lo entregaba a la gobernadora usualmente en su domicilio, aseguraron las víctimas. Los montos exigidos dependían de la situación laboral de cada empleado y el piso comenzaba en $50 mil.
A cuatro funcionarios del círculo de confianza de la gobernadora se les asignaba un “bono” por el desempeño de funciones críticas, beneficio establecido en la Ley 19.882 para quienes desempeñan cargos con un nivel importante de relevancia y responsabilidad dentro de su institución. De ese millón de pesos (USD 1,120 ) que se sumaba a sus sueldos, la mitad debía ir a parar al bolsillo de la líder regional.
Si alguien no quería “colaborar”, corría el riesgo de perder su trabajo o ser degradado a un cargo menos relevantes y sueldo más bajo.
Malas condiciones laborales
Otro ex funcionario confirmó las acusaciones, afirmando haber visto a trabajadores llorando y tomando pastillas para relajarse al salir de reuniones con la gobernadora.
Y es que no es la primera vez que se denuncian vulneraciones a empleados de la administración. Durante una sesión del Consejo Regional realizada el martes pasado, trabajadores protestaron contra la gobernadora bajo la consigna “cero respeto, cero gestión”, reclamando por despidos y cambios de unidad que afectarían a los trabajadores.
Además, Krist Naranjo tiene en su contra una causa presentada el 5 de mayo de 2023 por fraude al Fisco, en la que también se le acusa de haber perpetrado maltrato y acoso laboral a través de agresiones verbales y humillaciones a funcionarios.
A esta se le suma una causa de destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones por abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, y una suspensión de tres meses y descuento del 50% de sus remuneraciones decretada por Contraloría, pero que no se ha llevado a cabo.
